“Esto es, por definición, una política regresiva. Penaliza a quienes menos consumen y limita la capacidad de los hogares de controlar su factura eléctrica a través de medidas de eficiencia y conservación”, añadió Javier Rúa Jovet. 

La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) rechazó hoy la determinación del Negociado de Energía de Puerto Rico de modificar la estructura tarifaria eléctrica para aumentar los cargos fijos y reducir el costo por consumo, al considerar que se trata de una medida regresiva, contraria a la política pública energética vigente y perjudicial para los consumidores.

“SESA se opone a cualquier aumento en el cargo base. Este tipo de cambio tarifario levanta serias preocupaciones legales y de política pública, particularmente por su impacto desproporcionado sobre los clientes de menores ingresos”, expresó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la organización.

La entidad destacó que el marco legal de Puerto Rico protege a los consumidores de cambios tarifarios regresivos, y que aumentar el cargo fijo -independientemente del nivel de consumo- tiene el efecto directo de imponer una mayor carga económica sobre quienes menos consumen, mientras beneficia relativamente a los clientes de mayor consumo.

“Esto es, por definición, una política regresiva. Penaliza a quienes menos consumen y limita la capacidad de los hogares de controlar su factura eléctrica a través de medidas de eficiencia y conservación”, añadió Rúa Jovet. 

SESA advirtió además que, al transferir el costo por consumo a cargos fijos mayores, la determinación premia la ineficiencia energética y el consumo desmedido. 

“Puerto Rico necesita exactamente lo contrario: estructuras tarifarias que promuevan el uso eficiente de la energía, reduzcan la demanda y faciliten la integración de recursos energéticos distribuidos”, sostuvo el director de Política Pública. 

Asimismo, la organización señaló que este cambio impacta negativamente tanto a los clientes con sistemas solares como a quienes evalúan adoptar esta tecnología, al reducir el valor económico de generar su propia energía y aumentar costos fijos inevitables.

“Este tipo de política envía una señal equivocada al mercado en un momento crítico para la transformación energética del país. Penalizar la adopción de energía solar es inconsistente con los objetivos de resiliencia, asequibilidad y sostenibilidad que Puerto Rico ha adoptado”, puntualizó Rúa Jovet. 

SESA hizo un llamado al Negociado a reconsiderar esta determinación y a adoptar un enfoque tarifario que esté alineado con la ley, proteja a los consumidores y fomente la eficiencia energética y la transición hacia energías renovables.

La organización indicó además que se encuentra evaluando detalladamente la determinación emitida, incluyendo sus fundamentos legales y técnicos, y preparándose para radicar una reconsideración administrativa.