Concluyó que no se justificaba suspender su ejecución mientras se tramitan las apelaciones que lo impugnan, por lo que sigue pautado para entrar en vigor el 15 de marzo.

La jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, despejó el camino para que la Junta de Supervisión (JSF) ejecute el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) a la fecha anunciada, 15 de marzo, después de denegar solicitudes de maestros y cooperativas para que lo dejara en suspenso mientras se consideraban las apelaciones que lo impugnan.

«El hecho de que ha tomado cinco años desde la fecha (de radicación de la quiebra del gobierno) para que el deudor esté en posición de pagar a sus acreedores financieros acentúa (en vez de minimizar) el daño que provocaría más dilación: los deudores, los otros acreedores y el pueblo de Puerto Rico han sufrido suficiente», concluyó la jueza para despachar las solicitudes que hicieron por separado la Federación de Maestros; Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical; Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc.; y un grupo de seis cooperativas.

Nota de contexto: Maestros piden a Swain paralización del Plan de Ajuste de Deuda

«Fallar en la consumación de este largamente trabajado plan podría condenar al Gobierno de Puerto Rico a una búsqueda injuriosa y prolongada de otras soluciones, mientras sus posibilidades económicas se deterioran. Clasificar un riesgo de este tipo como un retraso potencial sería un eufemismo grave», dijo la jueza al señalar que los argumentos para la suspensión no le merecían mérito, no eran argumentos que posiblemente prosperarían en apelación y, porque, aún de tener mérito, tendría que imponerle a los solicitantes una fianza de cientos de millones de dólares.

Poco tiempo después de la determinación de la jueza, los grupos de maestros recurrieron al Primer Circuito de Apelaciones de Boston para una moción urgente de paralización pendiente a apelación. «Los estragos financieros, físicos y emocionales que la confirmación del plan de ajuste causa a los maestros de Puerto Rico amerita la consideración cuidadosa de este Tribunal. Mientras que las asociaciones de maestros entienden los intereses involucrados en la confirmación rápida de un plan, este deseo por una resolución expedita no puede darse a costa de una violación grave de la ley aplicable y el sufrimiento de los maestros que serán forzados a trabajar más por menos paga y serán condenados a la pobreza en su edad avanzada», dice la moción al Circuito.

Los jueces apelativos señalaron una vista oral virtual para discutir la solicitud el próximo miércoles, 9 de marzo.

Los maestros pidieron la suspensión del Plan por argumentos centrados en las deficiencias que tiene la Ley 53 para atender los cambios que el documento impone a su sistema de retiro, pero la jueza recordó que ya en las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que hizo el 18 de enero cuando aprobó el Plan atendió los argumentos sobre la Ley 53.

Las cooperativas propusieron que todavía están vivos argumentos legales que hicieron a la jueza en un pleito separado sobre cómo el gobierno, particularmente la Administración Fortuño, les hizo una incautación ilegal de su propiedad cuando, mediando engaño, las obligó a comprar bonos del gobierno cuando ya se sabía de los problemas financieros del fisco. La jueza tampoco encontró mérito en esta postura.

Al argumentar cómo el interés público se afectaría por una paralización del Plan, Swain concluyó que los intereses de los solicitantes de la suspensión «son meros satélites, empequeñecidos por los intereses centrales del público en una recuperación pronta de la economía de Puerto Rico». «Cualquier dilación en la implementación del ampliamente apoyado Plan… sería gravemente detrimental, sin hablar de los efectos catastróficos que resultarían si el Plan se descalabra completo», subrayó.

A la fecha de ejecución del Plan, que la Junta mantiene para el 15 de marzo, deben ocurrir múltiples transacciones complejas que involucran los cientos de millones que el gobierno ha acumulado durante estos cinco años de no pagar deuda y que incluyen: pago en efectivo a bonistas, emisión de nuevos bonos, pagos de bonos a ciertos empleados públicos, reposición de cuentas de retiro a ciertos empleados públicos y la creación de un fideicomiso para pensiones de los empleados públicos.

Para dos semanas después de la fecha de ejecución, está pautada la renuncia de la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.