El congresista demócrata Raúl Grijalva radicó hoy un proyecto en el Congreso que, entre otros aspectos, define lo que serán considerados “servicios esenciales” dentro de lo procesos de quiebra.

Después de más de casi tres años de vigencia de la ley federal PROMESA y del proceso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico sin que el gobierno ni la Junta de Control Fiscal (JCF) definan formalmente lo que se considera servicios gubernamentales “esenciales”, el representante demócrata Raúl Grijalva radicó hoy un proyecto en el Congreso que, entre otros aspectos, define lo que serán considerados “servicios esenciales” dentro de dichos procesos de quiebra.

El proyecto no altera la estructura de poder entre la JCF y el Gobierno de Puerto Rico y, por ejemplo, no cambia secciones cruciales que permiten el control de la JCF sobre procesos de presupuesto, una controversia que actualmente está sometida a la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

“La austeridad fiscal aplastante impuesta por la ley PROMESA original ha fallado en mejorar el desarrollo económico o resolver la pobreza crónica en Puerto Rico, así que es hora de un acercamiento más enfocado en la gente”, dijo el representante por Arizona, y presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso al presentar la medida.

El proyecto tiene el coauspicio de los congresistas de origen puertorriqueño, Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto, todos demócratas. Tiene también el auspicio de la Hispanic Federation, el Service Employees International Union, la United Auto Workers, la coalición Power4PuertoRico, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la Confederación Nacional Estudiantil y el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Acevedo.

El anuncio oficial de la radicación del proyecto no incluye expresiones de la representante de Puerto Rico en el Congreso, la Comisionada Residente Jenniffer González Colón y, a la fecha de la publicación de esta historia, la congresista tampoco había reaccionado a la presentación de la medida.

Las disposiciones del proyecto de ley son:

-Define servicios esenciales como los relacionados a salud pública, educación, seguridad y pensiones, lo cual debe hacer más difícil que la JCF decrete recortes en esas áreas en el proceso de planes fiscales y presupuestos.

-Asigna fondos federales para la operación de la JCF, lo cual es un alivio al presupuesto del Gobierno de Puerto Rico porque actualmente todos los gastos de operación de la Junta salen del Fondo General de Puerto Rico. El proyecto no contiene una cantidad específica.

-Garantiza financiamiento para la Universidad de Puerto Rico de por lo menos $800 millones anuales.

-Clasifica todos los documentos relacionados con la deuda pública de Puerto Rico como documentos públicos y ordena que se hagan disponibles a todo el que lo solicite. La JCF podría tener que pagar los honorarios y costos de los solicitantes si los solicitantes tienen que ir al tribunal a obtener acceso a los documentos.

-Ordena una auditoría de la deuda pública mediante comisión independiente, lo cual significa el regreso de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público que el exgobernador Ricardo Roselló Nevares derogó.

-Otorga al Gobierno de Puerto Rico la facultad de descarga alguna deuda no asegurada, de manera que no se tenga que pagar, una vez cada siete años mediante votación de la Asamblea Legislativa.

-Prohibe que algún director o empleado de alguna entidad que vendió, compró o aseguró bonos de Puerto Rico sea miembro o director ejecutivo de la JCF, lo cual no afecta a la directora ejecutiva actual Natalie Jaresko pero sí a varios miembros de la Junta. Además, formaliza el tema de las responsabilidades éticas de los miembros de la Junta sometiéndolos a una nueva Junta Supervisora Ética y mediante definir que a los miembros de la JCF le aplican leyes éticas federales. Actualmente, los asuntos de ética de la Junta los maneja una contratista. Limita al 5% los gastos administrativos que puede tener la Junta con relación al total de su presupuesto.

-Elimina todo el Título V de PROMESA relativo a la revitalización y los “proyectos críticos”.

-Sujeta el pago de abogados, consultores y otro personal conectado con los casos de quiebra del Gobierno de Puerto Rico a que sometan una declaración sobre las conexiones que puedan tener con acreedores, el gobierno, la Junta y otros participantes del caso, a la manera de como ocurre en los casos regulares ante el Tribunal de Quiebras.

-La JCF estaría sometida a una auditoría federal anual por parte de la Government Accountability Office (GAO).

El proyecto es resultado de vistas que Grijalva ha realizado, tanto en Washington DC como en Puerto Rico, con distintos sectores incluyendo la propia JCF. Además, algunas de sus disposiciones ya se encontraban en otros proyectos sometidos al Congreso, pero que no han prosperado.

Para ver el resumen del proyecto, pulse aquí.

Para ver un análisis, pulse aquí.

Para ver el proyecto, pulse aquí.