No va el juicio contra Rocket Learning.

El juicio federal pautado para comenzar hoy contra la empresa Rocket Learning por un supuesto fraude millonario en servicios de tutorías bajo el Departamento de Educación (DE) quedó suspendido después de que las partes informaran que habían llegado a un acuerdo extrajudicial.

La notificación fue sometida el 20 de diciembre pasado y en su lenguaje no se indica que el caso se va a resolver mediante una declaración de culpabilidad, como sería normal. Lo que se dice es que las partes ‘han acordado una disposición del caso que no implica un juicio’ y que prontamente se someterá una moción para desestimar la acusación.

En este caso, los abogados de la compañía, encabezados por Juan R. Acevedo Cruz, habían argumentado que la fiscalía federal sometió información falsa al gran jurado para obtener la acusación que causó un escándalo en 2015 ya que Rocket Learning era una empresa lider en el campo de las tutorías.

La acusación fue enmendada y llegó a abarcar no solamente a la empresa sino a otras 51 personas, 20 de las cuales eran maestros a los que se les acusaba de un esquema de falsificar firmas en hojas de asistencia y facturas para inflar el dinero cobrado bajo el contrato de tutorías con Educación sufragado con fondos federales.

Los cargos bajo la investigación que las autoridades federales denominaron ‘Bad Grade’ incluían fraude postal, robo de fondos públicos y robo de identidad agravado. La acusación abarca seis facturas sometidas a Educación entre 2011 y 2013, y el monto del fraude fue calculado en $954,297.00.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) emitió en 2015 diecisiete órdenes de allanamiento en 15 empresas como parte de la investigación. Entre esas, la empresa de la madre de la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro. Sin embargo, esas órdenes no produjeron acusaciones adicionales a las de Rocket Learning aunque sí se han producido acuerdos civiles con empresas de tutorías bajo los que pagan multas.

Rocket Learning es uno de los cientos de contratistas del gobierno a los que se les ha demandado en el proceso de quiebra gubernamental para tratar de recuperar el dinero que se les pagó bajo el argumento de que no ofrecieron el trabajo contratado o los contratos no se manejaron de manera correcta.