«Es necesario ser un ente facilitador, más ahora que hemos visto como médicos han decidido quedarse en la Isla y otros que están regresando», opina el expresidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud y Hospitales.

Como administrador de servicios de salud y hospitales, celebro la aprobación en la Cámara de Representantes del P. de la C. 28, que enmienda la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia.

Para que todos entendamos de qué hablamos, un Certificado de Necesidad y Conveniencia, o CNC, es el permiso obligatorio que otorga el Secretario de Salud para poder construir, adquirir, operar o expandir una facilidad de salud en Puerto Rico. Aplica a hospitales, centros de diagnóstico, clínicas, hospicios, centros de cirugía ambulatoria y para añadir camas, equipos, o hacer inversiones mayores de $2 millones, entre otros. Es el mecanismo mediante el cual el Estado desde hace décadas certifica que esa facilidad es necesaria para la población que va a servir y que no afectará indebidamente los servicios existentes. Su propósito es la planificación ordenada de nuestro sistema de salud la cual es justa y necesaria.

Esta medida, es totalmente cónsona con las ejecutorias que hemos visto de la Gobernadora Jenniffer González de eliminar la burocracia innecesaria y atender, de una vez y por todas, con razonabilidad los retos estructurales de nuestro ecosistema de salud que nunca antes se había hecho. Por décadas hemos operado bajo un sistema de permisos que, aunque bien intencionado en su origen, se convirtió en el mayor reto para el solicitante que debe cumplir con la Ley Núm. 2 de 7 de noviembre de 1975 y su reglamento. Por lo que es necesario ser un ente facilitador, más ahora que hemos visto como médicos han decidido quedarse en la Isla y otros que están regresando.

Quienes trabajamos en el sector sabemos lo que representa radicar un CNC bajo el modelo actual en algunos casos cumplir con todos las certificaciones de agencias la espera es prologanda, pagando renta o manteniendo una propiedad sin poder operar, y sin certeza alguna de aprobación. Esto por que es requisito de presentar desde el primer día la evidencia de titularidad o arrendamiento de un local específico lo que resulta en muchos de los casos una inversión expectativa – ya que corres el riesgo de no ser aprobada la ubicación por que la población ya está siendo servida según la necesidad, y esto desalienta la inversión.

Dicho proyecto de ley corrige esto con un modelo eficiente y justo. Ahora se evaluará primero la necesidad real en la subregión, y solo una vez aprobada en sus méritos, se requerirá la evidencia final del local para expedir el certificado. No se elimina la planificación ordenada, se hace más inteligente y razonable.

Lo más importante es que esta reforma ayuda de manera especial a garantizar el acceso de los pacientes a los servicios de salud. Al reducir las barreras de entrada, facilitamos que hospitales, nuevas clínicas, centros de diagnóstico y tratamiento (CDT), centros de salud primaria 330, centros ambulatorios, hospicios y otras facilidades esenciales puedan aumentar sus recursos y a establecerse más rápido en comunidades donde hacen falta, especialmente en áreas vulnerables y de difícil acceso. Recordemos que tenemos un demográfico donde la población de adultos mayores cada día aumenta, así que en la medida que tenga una facilidades más cerca más rápido podrá atenderse y por ende mejorar su calidad de vida.

Esta es la ruta correcta, menos burocracia, más acceso a los servicios médicos y clínicos, más inversión, más empleos y sobre todo más garantías para proteger la salud de los puertorriqueños. Es atemperar la reglamentación a las necesidades del Puerto Rico de hoy.

Apoyamos firmemente esta medida presentada por el representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez exhortamos a darle paso con la mayor urgencia posible. Por que al final del día el único de se beneficia es el paciente, que puede ser un ser querido o uno mismo.