Y quieren dejar fuera informe de un perito.

En su esfuerzo por excluir toda alegación o evidencia sobre los efectos que va a tener en el público y el desarrollo económico de la Isla el propuesto Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA por sus siglas en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la gobernadora Wanda Vázquez y la Junta de Control Fiscal (JCF) pidieron al tribunal que no permita que un grupo de congresistas demócratas entre al caso como amigos de la corte y que excluya de la evidencia un informe pericial que sometió el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC por sus siglas en inglés).

El RSA está sometido al Tribunal de Quiebras desde verano y se debe tener una decisión al respecto en los próximos meses. La JCF y el gobierno representaron al tribunal que el acuerdo ya tiene el apoyo de los dueños del 90% de la deuda de $8,300 millones que tiene la AEE.

Los principales puntos de oposición que se han levantado en contra del RSA son que aumentará las tarifas a un punto que propiciarán más emigración, desempleo y más altos costos de vida; que se está ofreciendo un nivel insostenible de repago a los bonistas; que las proyecciones que se usaron para establecer las tarifas son irreales o poco fiables; y que se desalentará el desarrollo de la energía renovable.

Por ejemplo, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) advirtió que ‘para el hogar residencial promedio en Puerto Rico, que consume aproximadamente 400 kilovatio hora por mes, el acuerdo resultará en un cargo de más de 130 dólares por año en el año fiscal 2021, que aumentará a casi 220 dólares por hogar por año en el año fiscal 2043’.

La posición de la JCF y el Gobierno de Puerto Rico en contra de la intervención de los congresistas demócratas Nydia Velázquez, Raúl Grijalva y Darren Soto se registró en una moción el miércoles pasado pero no es la única vez que han buscado limitar la discusión sobre el RSA.

De hecho, también luchan actualmente por excluir del expediente un informe pericial que presentó el UCC y que propone que el RSA no va a evitar que la AEE tenga que volver a la quiebra y que el acuerdo va a afectar a los acreedores que no lo suscriban. El UCC representó que el informe pericial, que no está disponible todavía en el expediente público del caso, concluye que las propias proyecciones del Plan Fiscal evidencian que la AEE no podrá subir las tarifas al nivel que se necesitaría para cumplir con los bonistas y que la AEE no tiene suficiente capacidad de generación de ingresos para cumplirle a los acreedores que no suscriban el RSA.

A raíz de la solicitud de intervención de los congresistas demócratas, un grupo de congresistas republicanos incluyendo a Rob Bishop, antecesor de Grijalva en la presidencia del comité congresional de Recursos Naturales que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, se expresaron en oposición a que se le permita intervenir a los congresistas. Los republicanos defendieron que es un asunto que solo debe resolver la JCF.

La JCF y el gobierno ya lograron obtener una determinación de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain de que las controversias y evidencias a considerarse para el RSA van a ser limitadas y no van a incluir áreas macroeconómicas o de política pública. Se limitarán a la ‘razonabilidad’ del acuerdo. En esa línea, se han quedado fuera testimonios sobre política ambiental, del macroeconomista de la propia Junta, Andrew Wolfe, sobre el Fideicomiso de la AEE de 1974 (que incide sobre tarifas), solicitudes de intervención de organizaciones que representan a productores de energía renovable, testimonio de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Inc. (UTIER) y del Sistema de Retiro de la AEE.

Para ver la moción de amigos de la corte de los tres congresistas demócratas, pulse aquí.