La Asociación de Maestros rechaza la renuncia de Aida Díaz
La Junta de Directores de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) no aceptó la renuncia de la presidenta de ese organismo, Aida Díaz.
‘Díaz presentó un informe completo, fundamentado y documentado de toda su situación, quedando claramente demostrado que esta no ha incurrido en falta alguna que justifique su renuncia… La Junta ha determinado en respaldo absoluto a la Dra. Díaz que esta concluya su termino de presidencia y a estos efectos se convocará Asamblea el 2 de noviembre en la que se entregará la presidencia con informe de transición y se llevará a cabo elección de presidente de la AMPR por un nuevo termino de tres años, según dispone el reglamento’, indicó la AMPR en declaraciones escritas.
El pasado sábado Díaz anunció que renunciaría a su cargo luego de que se revelara que la compañía de su esposo mantiene contratos con el Departamento de Educación (DE), lo que plantea un posible conflicto de interes por su rol como defensora de los maestros.
Anteriormente, la Junta de la AMPR había adelantado que solicitarían a Díaz reconsiderar su renuncia.
Lee: Niega conflicto de interes por contratos de su esposo con Educación
Sin embargo, en una entrevista con Jugando Pelota Dura (JPD) ayer, Díaz apuntó a que no importaba el pedido, su renuncia no era revocable porque cuidar de su familia es su prioridad. Del mismo modo dijo que pese a su renuncia, continuaría ayudando a la AMPR en propuestas como el aumento salarial a maestros, que todavía no se ha visto reflejado.
‘Me doy cuenta que primero es la familia… He abandonado todo por atender esto’, dijo entre lágrimas Díaz el pasado sábado cuando anunció su renuncia.
Informes de prensa señalan que la compañía Iniciativa para el Desarrollo Educativo y de Aprendizaje (IDEA), propiedad de Eusebio Rodríguez, esposo de Díaz y creada en 2010, ha tenido 12 contratos con el DE desde el 2011 que ascienden a cerca de 4.7 millones de dólares que provienen de fondos federales.
Los contratos de Rodríguez consistían en prestar servicios de tutorías pagados bajo el Título IV parte B del Departamento de Educación federal en escuelas que se encontraban en planes de mejoramiento y se pagaban a base de reembolsos que estaban sujetos a un proceso de aprobación por parte de la agencia, que de no dar el visto bueno, no otorga el dinero para pagarle a los contratistas. Al momento este servicio se brinda a dos escuelas.
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