En sus últimos días en la gobernación

El gobernador renunciante Ricardo Rosselló optó por separar a la línea de Servicios de Gobierno, el 3-1-1, del Negociado de Sistema de Emergencias 9-1-1 y transferírsela al Departamento de Estado, en sus últimos días en la Fortaleza.

En la semana tras anunciar su renuncia, Rosselló firmó unas 86 leyes que había dejado en el tintero, entre ellas la Ley 77 de 2019. Dicha ley enmienda varios artículos de la ‘Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP)’, excluyendo así al 3-1-1 de ser administrado bajo la sombrilla del DSP que acoge las múltiples agencias de seguridad del país.

La línea del 3-1-1 fue creada por la Ley 126-2011 para crear un sistema de atención al ciudadano cuyo propósito fuera atender aquellas solicitudes que no constituyeran emergencias. Esa encomienda se le dio al 9-1-1 pues, según dicta el documento, ‘en aquella instancia resultaba lógico encomendar al Sistema de Emergencias 9-1-1 a establecer y desarrollar el Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1, ya que esta tiene experiencia y práctica sirviendole al pueblo a traves de un centro de recepción de llamadas’.

‘Se facultó a la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 para tomar todas las medidas e instituir todos los mecanismos necesarios para establecer, desarrollar, reglamentar y administrar la prestación de servicios a traves del Sistema de Atención al Ciudadano 3-1-1. Dicha Junta quedó encargada de integrar ambos servicios de primera intervención, además de establecer los cargos por servicios y sufragar los gastos incurridos mediante la distribución de los fondos allegados’, lee la medida.

Tras la caída del servicio del 9-1-1 debido al paso del huracán María, la Administración nuevamente optó por buscar mejores opciones para la Línea de Servicio del Gobierno.

Fue en el tiempo luego del huracán María cuando el Departamento de Estado se le facultó la creación de Centros de Servicios Integrados a traves de la isla y bajo la Ley 238-2018, que permitirían a los ciudadanos a hacer pagos, obtener información sobre programas gubernamentales y recibir certificaciones gubernamentales, entre otros.

Al ambos servicios parecerse, la medida justificó otorgarle la administración de la Linea de Servicios del Gobierno de Puerto Rico al Departamento de Estado.

‘Resulta natural entonces que, el Departamento de Estado atienda las funciones, operaciones y servicios del sistema de atención ciudadana ‘Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1», dicta la medida

Por su parte, el Negociado del 9-1-1 ha estado enfrentando problemas desde el paso del huracán María por la isla. En septiembre 11 de 2018, empleados de la Unión de Trabajadores de Comunicaciones de Puerto Rico, que representa a los trabajadores del 9-1-1, denunció que el Negociado no estaba preparado para enfrentar un nuevo huracán, como alegaba el entonces secretario del DSP, Hector Pesquera.

Según habían esbozado los empleados en aquel entonces, el 9-1-1 carecía de tecnología vigente que podría resistir los embates de un fenómeno atmosferico.

‘No tenemos un listado oficial actualizado de los números telefónicos alternos de las agencias de respuesta, no contamos con los equipos celulares de emergencias necesarios ya que el contrato que atiende este asunto no ha sido firmado y hay una cantidad de equipo que están averiado y/o extraviados cuando fueron prestados a las agencias de respuestas durante el periodo de recuperación. Tampoco contamos con un listado actualizado de los números telefónicos de los hospitales y CDTs del país’, expresó en aquel entonces Aramis Cruz Domínguez, vicepresidente de la unión.

De igual forma el Departamento de Justicia no tomaba acción ante las llamadas falsas que el Negociado denunciaba que recibía a diario, coartando los servicios de emergencia para personas que realmente los necesitaran.

Anteriormente legisladores habían presentado medidas para sacar de la sombrilla del DSP a otros Negociados como es el caso del Negociado Estatal de Manejo de Emergencia (NMEAD) y el Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

La medida para separar a NMEAD fue radicada por el representante Jose ‘Conny’ Varela, el 3 de diciembre de 2017 bajo el pretexto de que ‘no solo le quitó herramientas operacionales y presupuestarias sino que, peor aún, creó una excesiva burocracia en la cadena de mando que provocó la dilación y la lentitud en la respuesta del gobierno’.

Por su parte, el senador Luis Daniel Muñiz, propuso que ante la crisis que enfrenta el NCF del amontonamiento de cuerpos en sus pasillos, y además la falta de registro de más de 2,500 ‘rape kits’, se le traspasara la entidad al Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico.

Por otro lado, mientras algunos buscaban separarse, los Guardias Correccionales del Departamento de Corrección (DCR) solicitaban que se les incluyera en la sombrilla del DSP a fines de que se sentían marginados y olvidados por el Gobierno.

‘Nuestro mayor reclamo es que se nos de la misma igualdad porque somos tan importante en esta agencia como un bombero y como un policía estatal’, exclamó en aquel entonces Jose Mercado, oficial correcional de Ponce Principal.

Puede leer la ley aquí: