Ya trabaja como voluntaria en Fortaleza

El gobernador juramentado de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dejó claro que de su incumbencia ser ratificada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, estaría empleando los servicios de su exdirectora de oficina y exempleada de la Junta de Control Fiscal (JCF), Rosemarie ‘Maí’ Vizcarrondo Carrión.

Pierluisi y Vizcarrondo Carrión comparten un historial desde sus años como comisionado residente, cuando esta fungía como directora de su oficina en Puerto Rico. En el 2017, Vizcarrondo tambien fue contratada como ‘Chief of Staff’ de la oficina de la JCF, un puesto en el que devengaba unos $120,000 anuales.

Vizcarrondo Carrión es además familiar de la esposa de Pierluisi, María Elena Carrión, y del actual presidente de la JCF, Jose Carrión III. Sin embargo, el propio Pierluisi apuntó en su primera conferencia de prensa como gobernador, que atraviesa un proceso de divorcio.

‘Yo le he pedido que este a mi lado (a Vizcarrondo Carrión) en esta ocasión y es mi intención nombrarla a un puesto en Fortaleza, pero todavía no ostenta puesto alguno, yo no he firmado la documentación’, dejó claro el licenciad,o quien se apresta a esperar por la decisión del Tribunal Supremo sobre el puesto que heredó con la salida de Ricardo Rosselló Nevares.

De hecho, según expuso Pierluisi en conferencia de prensa, Vizcarrondo Carrión ya se encuentra trabajando en Fortaleza, aunque de manera voluntaria.

De hecho, se ha visto a la femina en reuniones junto al juramentado Gobernador, precisamente, en un reciente tuit que fue publicado y criticado por el senador del Partido Independentista, Juan Dalmau Ramirez. Sobre la información confidencial a la que pudiera tener acceso la femina al gozar de reuniones de gabinete, Pierluisi mostró poca o ninguna preocupación. Por el contrario, dijo, a modo futuro, que cuando sea contratada le aplicarán las disposiciones de ley al respecto.

Según el licenciado, el gobierno actualmente cuenta regulaciones para salvaguardar la información confidencial a la que los funcionarios públicos tienen acceso. ‘A ella le van a aplicar las mismas reglas de la oficina de Ética Gubernamental en cuanto a la confidencialidad y el uso de cualquier información que llegue a nosotros… Al ser Gobernador, seguro que tengo acceso a información [privilegiada] pero eso está debidamente reglamentado en el gobierno de Puerto Rico bajo la ley de Ética Gubernamental’, expresó Pierluisi.

El incumbente Gobernador ha tenido un largo historial laboral, tanto en el sector público como en el privado y ha representado a varios clientes privados controversiales como la empresa AES y más recientemente la Junta Fiscal, instaurada bajo la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Ante ese escenario, Pierluisi dijo que ha exhortado a sus familiares a no tener contratos con el gobierno mientras este ostente el cargo pues implicaría ‘una relación directa con el gobierno y prefiero que no lo hagan’.

Sin embargo, sus declaraciones no parecen acoger a su cuñado, el abogado y cabildero, Andres Guillemard. La relación de Pierluisi y Guillemard ha sido eco de controversias y hasta comparada con la de Rosselló Nevares y Elías Sánchez Sifonte. Este último es señalado de presionar agencias gubernamentales para que sus clientes lograran adquirir contratos.

‘Él es abogado. Yo no puedo dictaminarle a el lo que el va a hacer como abogado. Él va a tener clientes y el los tiene que representar sea donde sea que los tenga que representar. Lo que sí, y no tengo que ni decírselo, es que tiene que cumplir con la ley. Tiene que cumplir con la ley y tenemos todo que estar bien pendientes de las apariencias’, le exhortó Pierluisi al cabildero.

Una fuente de este diario vinculada a La Fortaleza indicó que el pasado miercoles, días antes de la juramentación privada y acelerada de Pierluisi como gobernador, se llevó a cabo una reunión en la Mansión Ejecutiva para esbozar los lazos del funcionario con Guillemard. Este fue uno de ocho puntos de cuestionamientos identificados por aquellos que se oponían a la nominación de Pierluisi a la secretaría de Estado, como era entonces considerado. Incluso, durante la vista pública que evaluaba su nombramiento a la secretaría de Estado, miembros de la Cámara de Representantes cuestionaron la cercanía de Pierluisi con Guillemard.

Por otro lado, Pierluisi aseguró que estaría dispuesto a publicar toda la información pertinente que le requiera la ley. Sin embargo, en momentos en que se evaluaba su nominación, este no sometió información alguna a las cámaras legislativas. El Senado de Puerto Rico fue el cuerpo más agudo con eso, al denunciar un su sesión que el ahora Gobernador no entregó los detalles requeridos.

‘Todo lo que me exija la ley que yo entregue o publique, yo lo voy a hacer. Tienen que entender que en el proceso de confirmación pues eso quedó atrás. Esos documentos yo no tenía que someterlos allí y de haberlos sometidos eran confidenciales’, estableció Pierluisi.

El exabogado de la firma O’Neill & Borges, quienes representaban a la JCF en varios pleitos legales, asumió el rol de Gobernador de Puerto Rico el pasado viernes, 2 de agosto, amparándose en una enmienda a la Constitución hecha por la Ley 7 de 2005 que, según su interpretación del documento, lo validaba a tomar el rol sin ser confirmado por los dos cuerpos legislativos. La decisión desembocó en un pleito legal iniciado por el Municipio de San Juan y por el Senado de Puerto Rico donde se busca impugnar su gobernación y declarar inconstitucional la ley que llevó a su ascenso.