La Junta de Control Fiscal (JCF) demandó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y al Gobierno de Puerto Rico para obligarlos a cumplir con la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) respecto a no poner en vigor la Ley 29, que eximiría a los municipios del pago al Sistema Pay Go de retiro.

Esa medida fue aprobada por ambas cámaras legislativas y de igual modo, convertida en ley por el Primer Mandatario, quien recibió varias cartas de la directora ejecutiva de ese ente, Natalie Jaresko, que advirtió que de entrar en vigor, el Gobierno Central tendría millones de dólares en carga adicional. Precisamente, en momentos en que el país atraviesa un proceso de quiebras.

‘La ley 29 va a minar la habilidad del Gobierno de pagar las pensiones a todos los retirados cuando el Gobierno de Puerto Rico enfrente deficits futuros’, dijo el presidente de la Junta Jose B. Carrion. ‘Es por eso que los patronos, incluyendo a los municipios, tienen la responsabilidad de pagar su parte del PayGo. Eximir a los municipios y poner toda la carga en el Gobierno de Puerto Rico establece un precedente funesto que otros patronos pudieran utilizar en el futuro’, añadió.

Mira: Firmada la medida para aliviar a los municipios del PayGo

En su carta con fecha del 17 de mayo de 2019, la Junta de le advirtió al Gobernador, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara, Carlos ‘Jhonny’ Méndez, que el impacto potencial de la medida alcanzaba unos $311 millones para el año fiscal 2020 y unos $1.7 billones hasta el año fiscal 2024.

La comunicación enviada por la Junta en la que informan la demanda también advierte que el incumplimiento del Gobierno con PROMESA no se limita solo a la Ley 29. ‘El Gobernador tambien ha firmado 24 resoluciones conjuntas asignando fondos cuyos gastos no estan considerados en el Presupuesto Certificado por la Junta en 2019 ni tampoco en el ano fiscal 2020 El gobernador ha tomado estas acciones sin considerar un analisis o buscar la certificacion de la Junta que indique que tales reasignaciones de fondo no son inconsistentes con presupuesto, como lo exige la Seccion 204 (c) de PROMESA’.

Tanto la Legislatura como el Gobernador han apuntado a que no seguirán directrices del organismo fiscal.

Por su parte, el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico y representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino Vega señaló que ‘Según reseñado por varios medios y prensa, la Junta de Control Fiscal anunció que ha comenzado una acción legal contra el Gobierno de Puerto Rico con el objetivo de impugnar la Ley 29-2019. Esta ley fue debidamente aprobada y luego certificada en cumplimiento por las entidades fiscales correspondientes bajo la Sección 204 de PROMESA. Nuestro equipo legal estará evaluando dicha acción legal de la Junta de Control Fiscal y estaremos respondiendo a la misma en los foros correspondientes. Las acciones del Gobierno de Puerto Rico durante esta administración siempre han procurado mantener la responsabilidad fiscal a la vez que se proveen recursos para ofrecer servicios esenciales a la ciudadanía. Esto incluye y requiere velar por el buen funcionamiento y las finanzas de los municipios’.