Mientras fue director de campaña de Rosselló

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) investiga la supuesta asignación de escoltas a Elías Sánchez Sifonte, con fondos públicos, durante la campaña electoral de 2016.

La querella, radicada desde diciembre de 2017 en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, identifica al comandante Mario Rivera y al teniente coronel Israel Velázquez como los funcionarios que presuntamente autorizaron efectivos de la policía de la Comandancia de Área de Carolina para que acompañaran al entonces director de campaña del hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares en las actividades políticas.

‘Se alega que el Sr. Elías Sánchez, quien era el coordinador de la campaña del hoy gobernador Ricardo Rosselló, era escoltado a todas las actividades políticas por agentes de la Policía de Puerto Rico, esto sin la autorización del Superintendente de la Policía’, lee la sinopsis de la hoja de progreso de querellas extraordinarias radicada el 13 de diciembre de 2017 ante la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional.

Jennifer Rodríguez Ayala, portavoz de la OEG, confirmó que esa entidad mantiene abierta una investigación al respecto.

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‘Es una investigación que realiza el Áreas de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la Oficina de Ética Gubernamental por un planteamiento que llegó ante la consideración de OEG. La investigación no ha concluido’, dijo la portavoz de OEG a NotiCel.

La querella está acompañada de un documento con el tracto de las horas, turnos y nombres de los efectivos que supuestamente fueron asignados al entonces director de campaña de Rosselló Nevares para que fueran sus escoltas.

El Negociado de la Policía confirmó la existencia de un proceso investigativo pero no se emitieron comentarios adicionales por ser un proceso confidencial.

‘Las investigaciones administrativas del Negociado de la Policía, incluyendo las de la Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad Profesional (SARP) son confidenciales hasta que concluyan de manera final y firme’, indicó Karixia Ortiz, portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En 2017 trascendió que el Gobierno había asignado escoltas al presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José B. Carrión III y al representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez.

En el caso de Carrión III se supo que tenía asignada una escolta policíaca que le acompañaba en horas laborales, compuesta por cinco oficiales divididos en tres turnos. Dos vehículos negros (Rav4 Toyota) pernoctan frente al edificio donde reside en San Juan, confirmaron varias fuentes de NotiCel. Este diario digital constató en aquel entonces que los trabajos de seguridad de Carrión III se extendían hasta llevarlo con su esposa, ambos en ropas casuales, a comprar comida y abastos en el colmado, una práctica que se le ha criticado a los servicios pagados con fondos públicos para jueces, legisladores y jefes de agencia.

Sin embargo, Edward Zayas, oficial de prensa de la JCF, indicó a este diario que además de las horas laborales, la escolta acompaña al Presidente de la Junta ‘[s]olo si asiste a un evento’. Asimismo, alega que contrario a lo que indican las fuentes, la escolta no pernocta en la casa de Carrión III y que tampoco acompañan al funcionario a hacer compra.

De acuerdo con la entonces superintendente de la policía, Michelle Hernández, la decisión de asignar escolta se había tomado en 2016 luego de una protesta en contra del ente creado por PROMESA.