Para cumplir con orden judicial

La Casa Blanca presentó ante el Senado federal las nominaciones de todos los miembros actuales de la Junta de Control Fiscal (JCF) para cumplir con una orden judicial, mientras ese cuerpo rector de las finanzas de la Isla reveló el lunes en la noche, su plan de demandar a bonistas por la deuda gubernamental.

{‘url’:’https://twitter.com/Jenniffer2012/status/1123057911062827009′,’author_name’:’Jenniffer González’,’author_url’:’https://twitter.com/Jenniffer2012′,’html’:’lt;blockquote class=’twitter-tweet’gt;lt;p lang=’es’ dir=’ltr’gt;Aquí la nominación oficial del Presidente de los miembros de la Junta. Ahora pasarán al Senado para el proceso de confirmación. lt;a href=’https://t.co/ynZxmVdQKr’gt;pic.twitter.com/ynZxmVdQKrlt;/agt;lt;/pgt;– Jenniffer González (@Jenniffer2012) lt;a href=’https://twitter.com/Jenniffer2012/status/1123057911062827009?ref_src=twsrc%5Etfw’gt;April 30, 2019lt;/agt;lt;/blockquotegt;nlt;script async src=’https://platform.twitter.com/widgets.js’ charset=’utf-8’gt;lt;/scriptgt;n’,’width’:550,’height’:null,’type’:’rich’,’cache_age’:’3153600000′,’provider_name’:’Twitter’,’provider_url’:’https://twitter.com’,’version’:’1.0′}

En una moción informativa, la Junta consigna que planifica presentar reclamaciones de recobro contra bonistas que adquirieron deuda de Puerto Rico entre el 3 de mayo de 2013 y el 21 de mayo de 2017 bajo los siguientes parámetros: a) que su tenencia de deuda de Puerto Rico en ese periodo alcance los $2.5 millones, o que haya recibido pagos de $250,000 en principal e intereses durante ese periodo, o a cualquier entidad que haya recibido pagos de al menos $2,000 mensuales o $12,000 semestrales, de acuerdo a la forma de pago de los bonos cubiertos.

Para ver la moción de la JCF, pulse aquí:

La movida de la Junta está hecha sobre la base de su intención de que la jueza de quiebras Laura Taylor Swain invalide al menos $6,000 millones en emisiones de deuda hechas en 2012 y 2014. Algunos observadores del mercado financiero han opinado que la opción de la JCF responde a una táctica para obligar a los bonistas a negociar un recorte en su repago.

Esto ocurre a la vez que se confirma que el presidente Donald Trump envió al Senado los nombramientos de los siete miembros actuales de la Junta para cumplir con el plazo del Primer Circuito de Boston que otorgó hasta el 16 de mayo para que se corrijan los nombramientos ya que concluyó que un metodo alterno de nombramientos que se usó en la Administración Obama fue ilegal.

La determinación del Tribunal es que, de no cumplirse el trámite, la Junta quedaría inoperante al cabo del plazo. Hasta el lunes en la noche, el Tribunal Supremo federal no había actuado sobre una solicitud de la Junta para que esa determinación del tribunal apelativo quede suspendida en lo que se dilucida la constitucionalidad de los nombramientos.

Recientemente, 13 organizaciones conservadoras solicitaron a Trump la renominación de los integrantes del ente federal. A finales de diciembre del año pasado, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo que no haría campaña a favor de los miembros de la JCF.

Vea tambien: Trump lanza zarpazo al gobierno pero está contento con la Junta

Por su parte, el licenciado Rolando Emmanuelli, abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) que mantuvo el pleito mediante el que esos nombramientos fueron declarados inconstitucionales, aclaró que la renominación no es para un nuevo termino de tres años.

‘Es una estrategia para tratar de decretar que el caso se convierta en academico. (Trump) los renomina solamente a los fines de que completen sus terminos que vencen el 31 de agosto. No está nombrándolos por tres años más’, dijo Emmanuelli en entrevista radial (WKAQ).

‘La renominación es importantísima y buenísima porque da la oportunidad de que el Senado evalúe los meritos de la Ley PROMESA, su viabilidad como ley colonial, los intereses de ellos (los miembros de la JCF), las actuaciones de ellos’, agregó.

Indicó que la UTIER se opondrá al recurso de certiorari de la JCF, mientras que cabildearán en el Senado contra la Ley PROMESA y llevarán la información completa sobre los nombramientos.

En tanto, los miembros de la Junta de Supervisión agradecieron al presidente de Estados Unidos, y esperan ‘tener la oportunidad de continuar sirviendo luego del proceso de confirmación del Senado de los Estados Unidos’.

La Junta está actualmente constituida por Jose Carrión, presidente del ente; Andrew Biggs; Carlos García; David Skeel; Arthur González; Jose Ramón González y Ana Matosantos.

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Más temprano el lunes, Carrión había publicado una columna en The New York Post en la que planteó que la Junta puede hacer reformas gubernamentales si hay ‘la voluntad política’ del gobierno local, reformas como los cambios laborales que ya el gobierno rechazó. Tambien, aseguró que ese ente rector de finanzas ‘se asegurará de que las preocupaciones del presidente Trump sean atendidas’ con manejo ‘sabio’ de fondos federales y evitando que dichos fondos vayan a pagar deuda.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Anthony O. Maceira, expresó que ‘el nombramiento busca subsanar la incertidumbre jurídica causada por la decisión reciente del Tribunal Apelativo Federal para el Primer Circuito., mas no un endoso de lo que ha sido en múltiples ocasiones un manejo errado de la Ley PROMESA.’

Añadió que ‘exhortamos a que en el proceso de confirmación no medie la utilización de fondos públicos para cabildear a favor de la supervivencia de individuos que buscan permanecer en sus asientos. Sino que se aprovechen para impulsar la agenda que busca atender las necesidades Puerto Rico. Lo contrario sería un malgasto de fondos públicos.’

En expresiones escritas, el secretario de Asuntos Públicos ofreció ejemplos de iniciativas para las que deben utilizarse los recursos públicos: ‘estamos hablando de alcanzar paridad en Medicaid y Medicare, lograr el 100% de paridad en categorías A&B de FEMA, recibir los fondos necesarios para la reconstrucción de nuestra red electrica de manera más resiliente además de conseguir los fondos necesarios para atender el Caño Martín Peña, la extensión del SNAP y otros incluidos en la agenda de la Administración Rosselló’.

Maceira explicó que ‘el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en que sean quienes sean los miembros de la Junta, deben respetar los límites de PROMESA y no interferir en las determinaciones de política pública del gobierno electo por el Pueblo de Puerto Rico’.