Libertad de expresión y seguridad van de la mano

El nominado a ocupar la dirección del Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Puerto Rico, capitán Elmer Román González, reveló que su rol de cara a las manifestaciones del Día de los Trabajadores el próximo primero de mayo, será garantizar que se le brinden a los manifestantes su derecho a la libre expresión.

‘Mi rol, en realidad, es asegurar que nosotros proveamos al pueblo la oportunidad de expresarse libremente siempre y cuando estemos protegiendo su seguridad y la protección a la propiedad. Mi trabajo más en el tema de observación porque la parte operacional, la vamos a estar trabajando con el comisionado Escalera’, dijo Román González a preguntas de la prensa.

‘Yo quiero asegurar que la gente entienda que estas actividades operacionales que le corresponde a los comisionados, como es el área de la Policía y Emergencias, al comisionado Escalera y mi rol es a asegurar que todo este trabajando de una manera integrada pero, velando tambien por nuestra seguridad, la seguridad de nuestra gente y velando por los derechos fundamentales, la seguridad de nuestro pueblo’, añadió.

Por su parte, el comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), coronel Henry Escalera, aseguró que el plan de seguridad para el primero de mayo está listo.

‘Ya está hecho el plan para atender el día 1 de mayo. El plan lo que va dirigido es a garantizarle el derecho a la libre expresión a todos los que participen y a eso es lo que nos dirigimos’, dijo el coronel Escalera, a la vez que agregó: ‘Vamos a hacer cumplir las leyes. Esperamos a que los que vayan y participen se comporten y ejerzan su derecho a la libre expresión como debe ser’.

Los dirigentes sindicales celebrarán nuevamente por separado actividades en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.

El argumento para celebrar dos actividades simultáneas en lugares distintos tiene que ver por el entendido de quien en realidad toma las decisiones en el país: la Junta de Control Fiscal o el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

‘Nosotros hemos sido atacados por múltiples frentes. Aquí se dice que la Junta de Control Fiscal ordenó esto u ordenó esto otro. Cuando tú buscas el plan de la Junta de Control Fiscal, a pesar de que dice unas barbaridades, hay muchas cosas que no nacen de la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, al gobernador le toca aclarar porque está imponiendo otras políticas adicionales a lo que dice el plan’, dijo la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz.

‘Yo le digo al gobernador que sea transparente y diga la verdad. Que diga que si a pesar de que la junta ordena un recorte para los pensionados, si usted los va a proteger y no lo va aprobar ahora o si gana en el 2020. Usted tiene que decirnos que si a pesar de los escándalos que han habido en Educación, va a continuar con las escuelas chárter. Si yo fuera el, le pondría un detente a las escuelas chárter’, añadió.

La presidenta de la Asociación de Maestros es parte del grupo sindical que realizará la actividad del martes primero de mayo, en una marcha desde El Capitolio hasta La Fortaleza. Además de la Asociación de Maestros participarán: La Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico (HEEND), Central Puertorriqueña de Trabajadores, Federación Central de Trabajadores, Federación de Trabajadores y el Frente Amplio para la Auditoría de la Deuda.

Por su parte, Luis Pedraza Leduc, portavoz de la Coordinadora Sindical -la cual realizará su actividad en el área conocida como la Milla de Oro en Hato Rey- sostuvo que en ese lugar ‘ubican las oficinas principales de quienes realmente nos gobiernan: La Junta de Control Fiscal, banqueros, bufetes de corporaciones, casas de corretaje y aseguradoras entre otras compañías privadas’.

Esta actividad tendrá como puntos de encuentro el estadio Hiram Bithorn, la sede del Departamento del Trabajo y la Universidad de Puerto Rico.

‘Hay varios frentes que tenemos que enfrentar. Por un lado está la Junta Fiscal y habrá una manifestación frente a esas instalaciones. Por otro lado, tenemos un gobierno que ha presentado un presupuesto que conlleva recortes, mucho de ello en acuerdo con la Junta Fiscal y nuestra manifestación va dirigida al gobernador que es quien está impulsando esos recortes’, expuso Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores y de la Unión Independiente Autentica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA).

Sin embargo, pese a sus declaraciones y justo en la vista pública en la que se discutía su designación para dirigir el DSP, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, le expresó al funcionario su rechazo al tronar en contra de su nombramiento.

El legislador independentista manifestó en declaraciones escritas que su oposición a la designación del señor Román se fundamenta en su ‘repudio a que se continúe importando gente para dirigir agencias en el país, y para colmo militares para manejo de seguridad, en claro menosprecio e insulto a los muchos funcionarios capaces y comprometidos en Puerto Rico que conocen mejor que cualquiera de afuera la idiosincrasia del grave problema de criminalidad que arropa al país’.

Dalmau Ramírez recordó que la designación de agentes federales o militares al cargo no ha demostrado que estos sean la solución a los problemas de criminalidad de la Isla. Como ejemplo, mencionó el mandato de Jose Figueroa Sancha y el del saliente Hector Pesquera, así como el breve interinato de James Tuller.

‘El aumento dramático en los asesinatos, la ausencia de seguridad en el país, el atropello, abandono y trato injusto a la Policía de Puerto Rico por parte de distintas administraciones, imponen sobre el Senado la urgencia y obligación de ejercer con más rigurosidad nuestra función ministerial de consejo y consentimiento. Desde ya advierto que avalar nuevamente el nombramiento de otro de afuera, totalmente ajeno a la realidad del país y a lo que sucede en la Policía, con la misma visión paramilitar fracasada, sería un gravísimo error que repercutirá gravemente en el pueblo’, sentenció Dalmau.

‘Las motivaciones de mi oposición son la existencia de una de estructura supra burocrática que desmoviliza los componentes que están bajo esa sombrilla, que ha demostrado ser totalmente ineficaz y, como ya dije, el que se repita la idea de que mientras más estrellas en el hombro del uniforme militar lleve el designado y de más lejos venga, mayor la garantía de seguridad en el país. Me parece que esa es una ruta que aquí ha fracasado y que no estoy dispuesto a apoyar’, subrayó Juan Dalmau.