En el proyecto que restringe el aborto

El obispo católico de la diócesis de Arecibo, monseñor Daniel Fernández, lamentó hoy el rechazo del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al Proyecto del Senado 950, que pretendía restringir el aborto en la isla.

‘No se puede decir que se valora la vida, mientras se es cómplice de la muerte intencional de los bebes en el vientre de sus madres. Matar a un inocente nunca será un derecho’, afirmó Fernández en un comunicado de prensa.

Las declaraciones del líder religioso se dieron luego de que Rosselló hiciera público hoy su rechazo a la pieza legislativa.

Fernández indicó que el pasado 6 de marzo le envió una carta por correo electrónico al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a los miembros de la Cámara alta, en la que urgió retomar el texto original del Proyecto del Senado 950, ante la discusión pública de la medida.

En su misiva anterior, el obispo destacó que ‘la defensa de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural es un principio no-negociable para los legisladores católicos y un principio de humanidad ante la sangre de la vida del niño inocente que clama sobre el suelo de nuestra tierra’.

Rosselló, no obstante, dejó claro este lunes en rueda de prensa, que no plasmará su firma en el Proyecto 950, que la semana pasada fue aprobado a viva voz en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, tal y como había hecho previamente el Senado el pasado día 7.

‘Para mí es una cuestión del derecho a la intimidad y de unas estipulaciones onerosas que le imponían, particularmente por cuestión de edad’, dijo Rosselló para justificar su postura.

‘Tan pronto llegue hare un veto expreso de ese proyecto’, sostuvo el jefe del Ejecutivo puertorriqueño.

El proyecto 950 establece que las menores de 18 años necesitan el consentimiento de los padres, tutor legal o la autorización de un tribunal para poner fin al embarazo.

El proyecto establece que ese consentimiento debe darse hasta los 18 años, algo que como Rosselló reconoció le provocaba reservas.

El anuncio del gobernador detiene así la iniciativa legislativa, que deberá ahora replantearse para salir adelante.

El proyecto para la ‘Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida’ exige a la paciente una espera de 48 horas antes de someterse al aborto una vez que notifica su intención.

El medico en ese periodo deberá informar a la mujer que pretende abortar de la edad del feto y de que el proceso terminará con la vida de un ser ‘entero, separado y único’.

Además, el profesional que vaya a realizar el aborto tendrá que enumerar los riesgos que conlleva el procedimiento y los beneficios de asistencia medica disponibles y de apoyo en el caso de que decidiera dar a luz.

Los que se oponen a la norma entienden que es excesiva la información que los profesionales sanitarios encargados de realizar el aborto deben dar a las mujeres que se sometan a la intervención y que puede funcionar como un disuasorio, que es, según su opinión, uno de los objetivos de la ley.