Alegan no puede renegociar política pública

La Junta de Control Fiscal (JCF) notificó al gobernador Ricardo Rosselló que el nuevo Plan Fiscal Propuesto (PFP) está en violación de la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

Según la JCF, el Plan Fiscal ‘exclusivamente incorpora información actualizada, incluyendo ajustes tecnicos de parte del gobierno’.

De acuerdo el ente federal instaurado por la Ley PROMESA, el nuevo plan para el año fiscal 2020, ‘falla al no incluir información detallada con respecto a reformas estructurales críticas, ni tampoco incluye data puntual sobre proyecciones base’.

‘Lo que el PFP incluye, sin embargo, es un sinnúmero de propuestas de política pública incongruentes con los criterios de la Ley PROMESA’, resalta la JCF en una misiva firmada por sus miembros.

Ante esto, la Junta resaltó que el documento deberá pasar por revisiones significativas y necesitará además información adicional para poder certificarlo conforme a los requerimientos de la ley federal.

Para usar de referencia, la JCF exhortó al gobernador a revisar el Plan Fiscal que certificaron el pasado octubre cual contiene las reformas estructurales, medidas fiscales y objetivos que ellos consideran necesarias para cumplir con PROMESA y que se deben incluir en el nuevo Plan Fiscal.

‘El PFP revisado, así como la primera entrega del borrador de presupuesto para el AF2020 deberán ser entregado a la JCF el próximo 22 de marzo a las 12 del mediodía’, apuntó la Junta en su carta.

Entre los datos por los que la Junta llamó la atención del Gobierno de Puerto Rico se encuentran:

Incongruencias en la cantidad de fondos para desastres que FEMA allegará a la isla. El gobierno estima esta cifra en $3.7 billones (del AF18 al AF19), mientras que información publicada por el propio gobierno (a traves del COR3) indica que ya se han desembolsado $6.2 billones aun cuando no ha terminado el año.

El PFP preve un ingreso al fisco mucho mayor a la tendencia actual, como consecuencia de un alza en el consumo con fondos de desastre federales relacionados a mejoras de capital. Este supuesto no está detallado en el PFP de acuerdo al de despliegue de todos los fondos para desastre.

La JCF solicitó al gobierno que incorpore los efectos y/o riesgos que pudieran ejercer los cambios a las leyes contributivas sobre otras contribuciones, como: Impuesto de Ventas y Uso y Contribuciones a la Propiedad, por ejemplo.

La JCF exige que se elimine del PFP un ingreso estimado de $1 billón anual en fondos federales, correspondientes a pareos bajo el Seguro Social y el Programa de Seguro Medico para Niños (CHIP). Este supuesto no está acorde con la ley actual.

El PFP reconoce la deuda a la Autoridad de Energía Electrica y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Pero existe incongruencias en la cantidad que el gobierno de PR tiene que pagarle a la Autoridad de Energía Electrica. El PFP dice que tendrá que pagar $0.1 billones menos (entre AF19 y AF23), sin detallar por que.

Las cifras del PFP con respecto al Producto Nacional Bruto mantiene un repunte de 0.15% en el AF21 como consecuencia de la Reforma Laboral. Sin embargo, las mediciones de cumplimiento de este precepto dependían de la implantación del Credito por Ingreso al Trabajo (EITC) y por el requerimiento de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional.

Igualmente, la JCF afirma que el PFP omite información crucial en lo que respecta a la Reforma para Facilitar hacer Negocios en PR.

El PFP reduce extraordinariamente los detalles de cómo se lograrán las reformas estructurales necesarias, incluyendo un sinnúmero de objetivos capitales para lograr crecimiento económico.

Asimismo, el PFP se desvía de las medidas conducentes a lograr eficiencias en las agencias. Por ejemplo, reduce la cifra de ahorros en esta área en $1.1 billones mediante gastos adicionales en el AF19-23.

En ningún momento, el PFP hace referencia a medidas de compensación (incluyendo bono de Navidad) y elimina reformas detalladas en agencias claves (eficiencia en gastos operacionales en Seguridad Pública, Saludo, Correcciones, etc.) y medidas para reducir el gasto en utilidades.

El PFP tambien expone un programa de consolidación de agencias diferente a la que se incluyó en el Plan Fiscal Certificado. Pero a pesar de ese cambio, el ahorro debe ser igual al que se expuso en el Plan Certificado.

El PFP incluye información adicional con relación al número de estudiantes por salón de clases, un elemento que no figura en el PFC. Esta incongruencia debe ser aclarada y detallada.

La JCF está consciente de las dificultades de asumir los objetivos en las medidas en el área de salud. Por lo tanto, le solicita al gobierno lograr ahorros de $671 millones hasta el AF23, en vez de $827 millones.

El PFP no incluye los detalles de implementación, así como los detalles relacionados con medidas para implementar del presupuesto, los controles fiscales e informe de metas.

Posteriormente, el representante del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares ante la Junta, Christian Sobrino, remitió declaraciones rechazando el planteamiento del organismo. ‘De entrada, rechazamos categóricamente el planteamiento de que nuestra propuesta no cumple con la ley. Todo lo contrario. Nuestra propuesta de Plan Fiscal refleja los números más certeros y recientes del comportamiento fiscal de la Isla’, expuso.

Sin embargo, Sobrino dijo que realizarán enmiendas al plan propuesto. ‘Invitamos a la Junta a ejercer mayor diligencia al evaluar la próxima propuesta de Plan Fiscal que someterá el Gobierno de Puerto Rico esta semana, según requerido’, terminó diciendo.