Denominador común de reclamaciones retrasadas.

Aunque el proceso de resolución de reclamaciones presentadas a las aseguradoras por concepto de daños que resultaron del huracán María ha avanzado para la mayoría de los asegurados, en el caso de algunos municipios y dependencias del gobierno -particularmente aquellos con más estructuras aseguradas- no es así. Sin embargo, estos casos que no han avanzado comparten un denominador común.

‘Aunque se ha reducido grandemente la cantidad, las que quedan tienen prácticamente todo. Según me han informado, tienen un denominador común que son casos donde hay muchas estructuras bajo una misma póliza, que son unas reclamaciones más complejas, y que se ha complicado aún más la adjudicación de la reclamación para poder cerrar el caso por virtud de que se han contratado ajustadores públicos que no tienen el ‘backup’ o el respaldo de personal y agilidad para trabajar estos casos que se requeriría para poder acabar’, explicó a NotiCel Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

Pero de todos los ajustadores públicos operando en Puerto Rico tras el paso del huracán María, uno en particular ha sido señalado por varias aseguradoras. Se trata de la empresa Scott M. Favre Public Adjusters (SMFPA), la cual mantiene casi 40 contratos con dependencias del gobierno y municipios para servicios de ajustador público.

Este medio supo que SFMPA tambien es el objeto de al menos cuatro querellas presentadas por distintas aseguradoras locales ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), desde al menos junio del año pasado y las cuales aún no han sido resueltas. NotiCel intentó corroborar el estado de estas querellas ante la agencia, sin embargo, la relacionista de la OCS, Margie Álvarez, sostuvo que por tratarse de querellas en proceso de ser resueltas no pueden divulgar los detalles de cómo transcurre el asunto.

De las querellas en poder de NotiCel se desprenden denuncias similares, pero principalmente relatan cómo SMFPA emitió estimados de daños y declaraciones de perdida mucho más altas a las que estimaron las aseguradoras.

En una de las querellas ante la OCS, una aseguradora relata que emitió un cheque a un municipio asegurado por $218 mil en enero del 2018, pero en septiembre de ese año SMFPA presentó ocho reclamaciones parciales en representación del municipio que totalizaron más de $22 millones.

Un mes despues, el alcalde de ese municipio envió una carta a la aseguradora para indicar que: ‘posterior a haber sometido la reclamación, nos hemos percatado de reclamaciones que no proceden por lo cual entendemos hemos sido inducido a error por la firma de ajustadores contratada SMFPA’.

Otra de las querellas presentada por otra aseguradora ante la OCS detalla el comportamiento profesional del propio Scott M. Favre como uno ‘denigrante, irrespetuoso y agresivo’. Abunda que al notificar al municipio asegurado que cesarían comunicaciones con Favre, este llamó al ajustador independiente contratado por la aseguradora para recriminarle que de no pagar ‘destruiría’ a la aseguradora y al ajustador independiente, ‘se encargaría de poner el nombre y reputación de ambos por el piso’ y ‘presentaría querellas en la Legislatura y con la OCS’.

Pernas reconoció, por su parte, las múltiples denuncias que le han llegado sobre el desempeño de Favre. Sin embargo, subrayó que el trabajo del ajustador público está altamente regulado por el Código de Seguros y la OCS, que ordena de los ajustadores públicos un desempeño profesional honesto, justo, razonable y de buena fe.

‘No es que el asegurador no quiere pagar. El asegurador tiene que pagar lo que justamente corresponde de acuerdo con los terminos de la póliza porque si se paga indiscriminadamente, se abre la llave al pago que diga esa persona porque lo digo yo, pues entonces el deber fiduciario del asegurador de proteger sus haberes para poderle servir a los demás reclamantes se vulnera. Aquí tiene que haber un balance y es lo que el Código manda’, sostuvo Pernas.

‘La situación es que ha habido mucha queja y no se le ha puesto los dientes que tiene el Código, pues no se han utilizado porque no ha habido una adjudicación hasta el momento por parte del regulador’, terminó diciendo la Directora Ejecutiva de ACODESE.