Tras expresiones de Rosselló y Méndez

No tan rápido, le responde la Junta de Control Fiscal (JCF) al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Mendez Núñez, quien había adelantando que ese cuerpo legislativo atenderá cualquier movida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en torno a posibles reasignaciones de partidas dentro de los parámetros del actual presupuesto aprobado, que expira el 30 de junio.

‘No cabe duda que la reciente decisión del Tribunal Apelativo en Boston deja abierta la puerta para revisar ciertos aspectos relacionados con las determinaciones de la Junta de Control Fiscal (JCF). Entendemos, por expresiones recientes que hiciera el Gobernador, que el Ejecutivo estará evaluando posibles relocalización de recursos dentro del presupuesto vigente. Esta Cámara de Representante estará bien pendiente a esas recomendaciones de reasignación de fondos, ejerciendo su prerrogativa de desarrollar, cambiar, aprobar y velar por las distribuciones del presupuesto del gobierno de Puerto Rico’, comentó el líder legislativo en declaraciones escritas.

Sin embargo, la Junta emitió una declaración que señala que, ‘El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito fue claro en su decisión del 15 de febrero de 2019 de que el trabajo de la Junta de Supervisión sobre la responsabilidad fiscal, la transparencia y los controles permanece ininterrumpido’.

De igual modo, el organismo instaurado por el Ley federal PROMESA aseguró que continúa ‘supervisando el desempeño financiero y presupuestario del Gobierno durante el año fiscal en curso y ha comenzado a trabajar con el Gobernador, su Administración y la Legislatura para preparar el presupuesto para el próximo año fiscal’, a la vez que recordó que en agosto de 2018, el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Puerto Rico sostuvo que, ‘PROMESA da a la Junta de Supervisión entera discreción para determinar si los presupuestos propuestos son consistentes con los requisitos de PROMESA, y el poder exclusivo para certificar, y así poner en práctica los presupuestos, mientras la Junta está en función’, decisión que prohíbe las reprogramaciones presupuestarias sin el consentimiento de la Junta.

‘La Junta continuará aplicando este requisito, así como las numerosas otras resoluciones presupuestarias en el presupuesto certificado del Gobierno de Puerto Rico’, concluye su declaración.

Pese a la comunicación de la Junta, el Gobernador volvió a insistir que, ‘No es un aspecto legal. Es un aspecto de operación y beneficio al pueblo de Puerto Rico. ¿Cuál es la razón, si ya los fondos están identificados, de evitar que se puedan invertir 10 millones de dólares en carreteras y en el mantenimiento? ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de evitar que Ciencias Forenses, que necesita recursos, que lo ha tenido esa necesidad por decadas y nosotros hemos identificado los recursos para poder aportar, que no se haga esa transferencia? ¿Cuál es la justificación? No hay ninguna. ¿Cuál es la justificación de limitar el potencial de los recursos federales que nosotros vamos a tener en Puerto Rico porque no quieren asignar una partida mínima presupuestaria? O delimitar el progreso de nuestra fuerza laboral, o de quitarle recursos propios como lo es el Negociado de Telecomunicaciones. Porque sí, porque sí. Y los tienen congelados y eso afecta la operación de esa entidad’.

Las expresiones del Presidente cameral surgieron luego de que el lunes el gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiterara su intención de comenzar inmediatamente un proceso de evaluación de partidas dentro del presupuesto para, ante la decisión de Boston, redirigir algunas de estas a ciertas áreas.

‘Estamos en total acuerdo con el gobernador que ciertas áreas tienen que ser reforzadas, como, por ejemplo, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, particularmente dirigir recursos para mejorar el ambiente de trabajo de nuestros policías. Tambien se debe que mirar otros renglones que impacten directamente el servicio que la ciudadanía recibe. Pero eso se tiene que hacer dentro de un marco y esta Cámara de Representantes pasara revisión de cada propuesta’, añadió Mendez Núñez.

El presidente cameral adelantó que estará comunicándose con el gobernador para establecer un grupo de trabajo tecnico entre el ejecutivo y la Cámara con el propósito de estudiar la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias.

Por otra parte, el presidente de la Cámara le dijo ‘no’ a cualquier junte propuesto por miembros del Partido Popular Democrático (PPD) para cabildear en la capital federal con el fin de sustituir la JCF con otro ente, como la figura de un síndico.

De acuerdo al presidente cameral, el fallo del Tribunal Apelativo, en esencia, deja en manos del presidente Donald Trump las finanzas de Puerto Rico. Además, estableció una agresiva agenda para la Cámara de Representantes en torno a la JCF y PROMESA.

‘Esta Cámara va a redoblar esfuerzos en el Congreso para lograr que las personas confirmadas por el Senado para la Junta, si esta decisión no se revoca, tengan un plan pragmático y sensato para Puerto Rico que cumpla con tres objetivos: solucionar de una buena vez la incertidumbre política impulsando una consulta avalada por el Congreso estadidad sí o no, como la misma Ley PROMESA establece, sacarnos de la peor crisis fiscal en la historia de la nación, culpa del PPD mediante la restructuración de la deuda e implementar las recomendaciones del ‘Task Force’ bipartita para el desarrollo de Puerto Rico’, sostuvo Mendez Nuñez.