Investigación continúa entre mar de trabajo.

Mientras que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) continúa su investigación respecto a la actual secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, en torno a una alegada intervención indebida, la agencia no ha pisado el acelerador aunque se trate de una funcionaria activa.

Al menos así lo dejó entrever la directora ejecutiva de la OEG, Zulma Rosario Vega, quien hizo referencia al tiempo que toman las pesquisas, sus obstáculos y el personal disponible para ejecutarlas.

‘La investigación sigue activa. Las investigaciones toman sus cursos, a veces son complejas. No hay prisa, no hay prescripción, así que la investigación sigue activa. La procedencia de ese asunto, como había dicho, vino de Fortaleza de la Oficina del Gobernador y hay que darle el espacio a los abogados para que hagan su trabajo’, subrayó Rosario Vega.

El procedimiento comenzó por un referido hecho por la oficina de Ricardo Rosselló Nevares en el segundo trimestre del 2018, aunque no se especificó mes. La pesquisa parte de alegaciones de que Vázquez Garced intervino en el caso judicial de Tyrone Torres Betancourt, quien se declaró culpable de robar y escalar en la vivienda en que se encontraban la hija y el yerno de la funcionaria.

En el aspecto penal, el asunto fue dilucidado en un tribunal, el cual no le encontró causa para arresto a la Secretaria de Justicia ante las imputaciones llevadas por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Sin embargo, se preve que el ministerio público acuda en alzada.

Las acciones aún son objeto de análisis por la OEG, agencia que evalúa el proceder administrativo. De acuerdo a la Ley de Ética Gubernamental, la agencia tenía 90 días desde que recibió el referido de Fortaleza para ejecutar una investigación preliminar. Cualquier esfuerzo posterior es considerado una investigación exhaustiva, a la cual se le otorga un año para completarse, sujeto a prórrogas que ofrece el estatuto.

La funcionaria subrayó que si un asunto se encuentra en proceso de investigación, ya de por sí está en una etapa importante porque ‘si fuera minucia’, se habría archivado.

Como ejemplo de las demoras, la Directora Ejecutiva aludió a la investigación sobre la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, y que tomó dos años. En ese caso, se concluyó –según anunciado a mediados de diciembre de 2018– que la OEG no tenía jurisdicción sobre Cotto Vives porque en ese momento la funcionaria se desempeñaba como contratista.

Rosario Vega mencionó que las investigaciones llevadas a cabo por su oficina se han visto afectadas por la indisponibilidad de los testigos, principalmente por miedo a represalias, pero que se trataba de un planteamiento general y no específico al caso de la pesquisa sobre Vázquez Garced.

Del mismo modo, recalcó que los recursos humanos en la oficina se han reducido por los pasados diez años de 140 a 118 y ninguno ha recibido un aumento salarial en la última decada.

‘Está en curso. Es una investigación bastante reciente. ¿Cuántas investigaciones tenemos aquí ahora? Casi 800, aunque en un momento dado tuvimos 1,200, especialmente en año de elecciones que eso hace ‘¡fum!’, porque los políticos empiezan a traer planteamientos unos a los otros’, aseguró Rosario Vega.

La Directora Ejecutiva hizo hincapie en que el número de investigaciones activas es alto porque la agencia no está atada a un referido para comenzar un procedimiento. Es decir, el inicio puede darse con una llamada o un escrito anónimo, una persona con interes en ser entrevistada porque cuenta con información referente a un funcionario público o hasta un tuit.

‘Lo importante es que tengamos un atisbo de lo que alegadamente hizo ese servidor público que potencialmente sea violatorio de la ley. Es lo que yo llamo el pie forzado. Si en efecto tenemos jurisdicción sobre la persona y sobre la materia, el próximo paso entonces es investigar a profundidad. Eso muchas veces tienes que salirte del radio de acción de la oficina, tienes que ir a visitar, tienes que ir a buscar documentos, a veces hay que ir a los tribunales en auxilio de jurisdicción porque no quieren cooperar, aunque están obligados en ley, a veces se ponen difíciles. Eso complica las investigaciones’, indicó Rosario Vega.

Una vez culminada la investigación, la OEG tiene dos caminos: radicar una querella, o lo mismo que requerir acción adjudicativa que puede conllevar multas o hasta remoción del cargo, o archivar los planteamientos con justificación.

Se complica el caso de Tyrone Torres

Un juez del Tribunal de Primera Instancia de Ponce encontró causa para arresto contra Nayda Betancourt Colón, madre del convicto Tyrone Torres Betancourt, tras descubrirse el martes que la mujer intentaba escabullir dentro del complejo correccional Las Cucharas marihuana sintetica y dos celulares.

Es este mismo complejo en donde Torres Betancourt cumple una condena tras robar en la casa de la hija de la secretaria de Justica.

Tras una consulta con la fiscal Lismarie Cobian, a Betancourt Colón se le radicaron tres cargos por artículo 277 (Posesión e introducción de objeto a Institución Penal) y tras no poder prestar la fianza de $5 mil por cada cargo para un total de $15 impuesta por el juez Ángel Candelario Cáliz, fue ingresada al Complejo Correccional de Mujeres en Bayamón.

En abril de 2018 Torres Betancourt fue sentenciado a 15 años de cárcel por robar en la vivienda en que se encontraba el yerno de la secretaria Wanda Vázquez, sin que se tomaran en cuenta reincidencia ni agravantes. El joven objeta su sentencia ante el Tribunal de Apelaciones.

El manejo del caso sufrió una serie de irregularidades y fue lo que desembocó en un referido de Vázquez a la OPFEI.