Los comentarios del público continúan en la tarde

La jueza Laura Taylor Swain escucha desde esta mañana las voces de los principales actores que montaron el acuerdo para dividir parte de los recaudos que recibe la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA) y los objetores que entienden que no representa los mejores intereses de Puerto Rico.

Por una parte, la Junta de Control Fiscal (JCF), el representante de COFINA y el representante de los acreedores no asegurados compartieron el mismo planteamiento para favorecer el acuerdo. Aunque el acuerdo no es la manera más perfecta para resolver el cuestionamiento primordial, resolver si los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) son propiedad del Gobierno o de COFINA implicaría que una de las dos partes se expone a perder su acreencia.

El abogado de la Junta, Brian Rosen -de la firma Proskauer Rose- lo resumió señalando que, sin el acuerdo, los pleitos adversativos que persiguen la resolución de la controversia languidecerán por mucho tiempo y durarán varias rondas de litigación, mientras que esos fondos permanecerán sin tocar, ni para acreedores ni para el pueblo.

En tanto, los objetores al acuerdo advirtieron que restaría dramáticamente la capacidad de servicio de deuda del Gobierno, lo que eventualmente afectará los servicios esenciales y las pensiones. Según depuso el abogado de la Service Employees International Union – United Autowokers (SEIU-UAW), Peter DeChiara, la capacidad actual de servicio de deuda supone $450 millones, pero el acuerdo requiere que para el 2019 se paguen $420 millones, una cuantía que aumentaría los próximos años.

Por su parte, el abogado Rolando Emmanuelli, representante legal del Programa de Solidaridad de a Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y de Riego (PROSOL-UTIER), señaló que la única pieza de evidencia sometida ante la corte que justifica el acuerdo, la declaración jurada de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, es infundada y no contiene valor alguno para valorar el acuerdo. Señaló que la declaración carece de análisis pericial y económico y no abunda sobre los efectos que tendría sobre los servicios esenciales.

Entretanto, la sección de comentarios del público tuvo que ser aplazada parcialmente hasta despues del receso del mediodía, pues no todos los deponentes estaban presentes.

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