No ha cumplido con revelar documentos solicitados

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) radicó este martes una solicitud para que se declare incurso en desacato a la Junta de Control Fiscal, por no cumplir con la orden del juez Jay García Gregory de entregar las comunicaciones entre la Junta y las agencias del gobierno de Puerto Rico.

El CPI señala en la moción que la Junta ha impuesto arbitrariamente plazos para la producción de documentos e incumple con los mismos y que la entidad ha optado por mantener en secreto documentos sin justificar las razones por las cuales estos deben ser confidenciales.

‘Los documentos han sido retenidos durante un período de tiempo que ha excedido los 150 días que la Junta estimó inicialmente que necesitaría para completar las producciones’. Así se establece en una moción radicada hoy por los abogados de la organización Judith Berkan y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde además se pide al tribunal federal que de un plazo máximo de diez días para producir los documentos pendientes.

‘La información pública no solo tiene que estar disponible para los ciudadanos y la prensa, sino que debe estarlo en el momento oportuno. Las tácticas de retraso que ha usado la Junta en este caso, como es el negarse a entregar documentos de manera continua y retenerlos de forma arbitraria y el establecer fechas que luego no cumplen ya se ha convertido en un patrón en este caso’, denunció la directora del CPI, Carla Minet.

Desde junio de 2017, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta, así como a documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, y la Junta.

La demanda por acceso a la información tambien incluyó estas mismas categorías de documentos intercambiados entre el gobierno federal y la Junta. El CPI requiere tambien los informes financieros de los integrantes de la Junta antes de ser nombrados a dicha entidad.

Algunos de estos documentos ya se han producido y como resultado el CPI comenzó a publicar la serie Los emails de la Junta, en la cual da cuenta de la relación de poder sin límites que está ejerciendo el Gobierno de EE UU sobre la Junta.

La decisión del juez García Gregory en este caso que abrió paso a la entrega de documentos establece que la Junta es una entidad del Gobierno de Puerto Rico, no federal, y que las demandas en su contra se presentan en el Distrito Federal judicial de Puerto Rico. Por esto, no hay duda de que la Junta puede ser demandada, es decir, no goza de inmunidad.

Tambien indica que someterse al derecho puertorriqueño de acceso a la información no impide que la Junta descargue sus responsabilidades bajo PROMESA ni obstruye los propósitos de dicha ley y que las denegatorias de acceso a información tienen que tener justificación apropiada, por lo cual las no pueden ser arbitrarias ni caprichosas.