Falta de transparencia rampante en subcontratos.

Los abogados contratados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno para manejar el caso de Título III aumentaron sus tarifas durante el 2018, de manera unilateral y sin previo aviso a la corte, a la vez que tambien solicitaron reembolsar los costos por contratar firmas de asesoría externas.

Según el reporte más reciente del examinador de tarifas, los costos adicionales incurridos por concepto de aumentos ascienden los $3.9 millones. Esos aumentos son de hasta 17.3% en el caso de una de las firmas contratadas y hasta 28% para abogados individuales.

Los aumentos se dan dentro del concepto escalonados, una práctica que, según el examinador, es común en algunas firmas al principio del año natural. Aun así, resultó inverosímil al examinador que una de las firmas aumentó sus tarifas en tres ocasiones desde febrero de este año.

Aunque el Síndico de Estados Unidos reconoce la práctica de aumentos escalonados en las firmas legales, señaló que las guías para ello solo contemplan no más de un aumento al año y es sujeto a las circunstancias del caso.

En el caso de los asesores y consultores contratados, al menos $9 millones en gastos reembolsables han sido solicitados por los profesionales del caso, del cual más de $1 millón fueron solicitados para proveer testimonio pericial y consultores que no han sido admitidos al caso. El examinador de tarifas identificó al menos dos firmas que reportaron la retención de profesionales externos como costos adicionales, señalando que dichos profesionales contratados a su vez emplearon los servicios de otras 26 personas para elaborar testimonio pericial.

‘Aun si eso se permitiera en un caso de Capítulo 11, no debería ser permitido en los procedimientos de Título III de PROMESA’, señala el informe, destacando que las circunstancias ameritan transparencia, lo que no ha sido la norma con los profesionales subcontratados.

El informe presentado por el examinador de tarifas, Godfrey & Kahn, no entra directamente en las firmas que han incurrido en esta conducta. Sin embargo, durante el último informe presentado a mediados de noviembre señalaron que seguían en discusiones con los profesionales de la JCF y el gobierno para aprobar las solicitudes de pago que presentaron.

Ante esto, el examinador propuso una orden para denegar a los profesionales del caso solicitar reembolso por los costos por subcontratar firmas terceras. De subcontratar terceros, esas firmas tambien estarán sujetas a los mismos requisitos de divulgación que los profesionales admitidos al caso de Título III.

La propuesta orden tambien dispone que se considere presuntamente irrazonable cualquier aumento tarifario solicitado por los profesionales, aunque con excepciones. Para autorizar un aumento, la firma deberá tener una certificación del cliente, deberá someter la solicitud 21 días antes de entrar en efecto, que el aumento no exceda 5% de la tarifa anterior cobrada por profesionales que sean directores, socios, accionistas o abogados con antigüedad. Para aquellos profesionales con más de 10 años de experiencia, deberá ser un 10%.

El próximo 19 de diciembre se atenderá la propuesta orden y se argumentará sobre los aumentos y los reembolsos de subcontratistas. No obstante, las partes envueltas tendrán hasta el 4 de diciembre para presentar objeciones a los señalamientos del examinador de tarifas.