La disputa que lleva años desarrollándose entre los operadores de máquinas de entretenimiento y los proponentes del concepto de videolotería ha conllevado cambios en los terminos y conceptos que puede ocasionar confusión en el público.

La disputa sobre si las máquinas de videojuegos o la videolotería son beneficiosas para la economía sigue vigente y cada administración política ha intentado hacer sus movidas y cambios de leyes buscando imponer su criterio.

Pero, ¿que son las tragamonedas y que es la videolotería?

Para empezar, las tragamonedas ya no se llaman así. Si nos referimos a las máquinas que usted encuentra en muchas panaderías, gasolineras y barras, son ahora máquinas de videojuegos. Los operadores de estas máquinas prefieren llamarlas así para diferenciarlas de las tragamonedas que operan en los casinos.

Son máquinas de entretenimiento para adultos en establecimientos públicos que se supone que no paguen premios porque no están ubicadas en casinos regulados por el gobierno.

‘Nosotros tenemos máquinas de juegos electrónicos. Desde el 2009 cuando el secretario de Hacienda, Juan Carlos Puig, eliminó las máquinas de entretenimiento de adultos. No las renovó más y entonces nosotros tuvimos que atemperar nuestras máquinas a las máquinas de juegos electrónicos’, aseguró el presidente de Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial (EMPRECOM), Pablo Rivera Corraliza.

Explicó que antes las máquinas eran de juegos de adultos con alto contenido sexual y de violencia que fueron reprogramadas. Al tener varias clasificaciones de licencias, estos eliminaron del programa la violencia y el sexo para pagar $100 por el marbete o licencia anual cada máquina.

Alrededor de 2,000 operadores de ese tipo de máquinas están registrados oficialmente, pero se oponen a que Hacienda aumente el importe por obtener la licencia para operarlas de $100 a $3,000 por máquina, lo que consideran sumamente oneroso.

La propuesta actual del gobierno es que esas máquinas puedan conectarse al Departamento de Hacienda y ser reguladas para que entonces se les permita pagar premios. Eso, según el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio ‘Tony’ Soto, podría generar hasta $160 millones en ingresos al fisco.

Los opositores de ese tipo de máquinas han argumentado que no debe permitir que esos establecimientos operen como casinos sin los requisitos que garantizarían el estricto control que el gobierno federal exige a la industria de los juegos de azar. Apuntan que esas los dueños de los establecimientos en los que se encuentran esas máquinas pueden estar pagando premios a los usuarios, lo cual las hace prácticamente igual que una máquina de casino.

Por otro lado, cuando se habla de videolotería se refieren a una máquina especial que es operada por un concesionario, dueño de esas máquinas.

‘Es como la Loto y el Pega 3, cuando juegas Scientific Games recibe la señal. Quien la opera es el concesionario al que le asignaron ese contrato. El contrato es con el gobierno y esas máquinas estarían autorizadas a pagar premios. Es un concepto de un concesionario al frente de todas las máquinas’, explicó Corraliza en referencia a la empresa que ha mantenido por años el contrato gubernamental para la operación de los juegos electrónicos avalados por el estado a traves de Hacienda.

A esas máquinas se oponen los operadores de las máquinas de videojuegos porque les pueden quitar los ingresos que ya reciben con sus máquinas y que aumentarían si les autorizan a pagar premios.

En 2016, el gobierno se encaminaba a implementar el proyecto de videolotería pero el Tribiunal Supremo lo paralizó. En la resolución, mediante la cual la jueza presidenta, Maite Oronoz, votó no ha lugar, se prohibió al Secretario de Hacienda hacer viable cualquier mecanismo de vídeolotería, al amparo de los reglamentos 8633 y 8634, del 3 de junio de 2015.

Esta semana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el de la Cámara, Carlos ‘Johnny’ Mendez, y el Gobernador acordaron seguir adelante con la Reforma Contributiva sin el elemento de la videolotería.

Uno de los mayores opositores ha sido la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), que argumenta que la propuesta legislativa que busca revivir la llamada vídeolotería podría provocar un esquema de lavado de dinero en la Isla, por lo que pidió la intervención del Departamento de Justicia Federal.