‘Esa agencia está algarete’, según Representante.

Ante la serie de irregularidades halladas en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) como parte de la investigación dirigida por la Cámara de Representantes, el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Juan Oscar Morales Rodríguez, no descarta referidos al Departamento de Justicia contra funcionarios que han violentado reglamentación vigente.

Aunque la pesquisa continúa activa, los encuentros preliminares apuntan hacia la excomisionada interina, Mónica Menendez Larrauri, y al excomisionado Edwin Crespo Torres.

La exfuncionaria renunció el pasado 27 de agosto en medio de cuestionamientos a su capacidad de asumir las riendas de la agencia. Igualmente, fue quien firmó una carta donde se le notificó a un empleado del NCF la intención de despedirlo tras colaborar con las indagaciones de la Asamblea Legislativa aunque el expediente en la agencia carece de evidencias que sustenten la orden.

Las revelaciones y preocupaciones surgen a partir de la vista pública del viernes en la mañana de las comisiones de Salud y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes, donde se investigan las operaciones de la entidad forense del país.

‘Yo lo dije desde el principio, yo habre de referir al que sea. Hoy yo te puedo decir que no se hizo de manera correcta. Estoy esperando una serie de documentos. La Directora de Recursos Humanos no tiene ni el expediente, ni la investigación que llevó a esa recomendación de destitución’, exclamó Morales Rodríguez, presidente de la Comisión de Salud.

Durante el encuentro, la gerente de Recursos Humanos del NCF, Brenda Fortis Casillas, confesó desconocer las pruebas que pesan contra el empleado –identificado como Edgardo Vera López–, sumado a que no revisó el expediente, pero de todos modos dio visto bueno a la misiva de la entonces Comisionada Interina.

Fortis Casillas confirmó que su departamento no ejecuta evaluaciones de desempeño de empleados desde hace mucho tiempo, por lo que no hay anotaciones existentes sobre la labor diaria del trabajador, quien es Investigador Forense I.

La carta enviada al empleado –con fecha del 2 de agosto de 2018– indica que Vera López colaboró con la investigación en curso de la Cámara al abrirles la puerta de la agencia el pasado 20 de julio durante una vista ocular y escoltarlos por áreas restringidas.

Del testimonio de la Gerente de Recursos Humanos tambien se desprende que las fichas de asistencia de Menendez Larrauri al NCF fueron editadas a lo largo de una semana y que, días despues de su dimisión, aún no se le han revocado los accesos a las instalaciones, no se le ha ordenado la devolución de identificaciones y llaves, ni se ha realizado una prueba de inventario para corroborar que la propiedad de la agencia continúe intacta.

En respuesta, Morales Rodríguez destacó que el trato a Menendez Larrauri dista del experimentado por Vera López, a quien de inmediato le revocaron los accesos al NCF y se le negó un derecho adquirido mediante convenio colectivo como miembro de la Local 2099.

‘Lo que no hizo con Mónica, lo hizo con Edgardo Vera, quien no tiene amonestaciones ni escritas ni verbal, no tiene evaluaciones de desempeño porque hace ocho años no se hacen. Esa agencia está algarete. No es posible tener una sana administración y que a los empleados no se les evalúe. Uno tiene que supervisar y para supervisar uno tiene que evaluar’, exclamó Morales Rodríguez, quien recalcó sobre sus oficios previos en el área de Recursos Humanos por varios años.

El caso de Vera López está activo a modo de apelación ante la Comisión de Derecho de Servicio Público.

En ese aspecto, Morales Rodríguez no descartó referidos a Justicia fundamentados en la Ley de Ética o acudir a las protecciones a los ‘whistleblowers’ (quienes denuncian actos ilegales del gobierno). A la misma vez, subrayó que la prueba es suficientemente sustanciosa como para agenciarle una derrota legal al NCF y al Estado en caso de que el empleado opte por llevar sus reclamos a un tribunal.

Además de Fortis Casillas, la vista pública contó con la participación del Gerente de Operaciones y la Oficial de Garantía de Calidad del NCF, así como representantes de la Unión de Empleados de la agencia, y la Federación de Transportistas y Funerarios.

La vista, que se extendió hasta horas de la tarde, fue el primer encuentro desde las cancelaciones previas y desde que se anunciaron las renuncias del comisionado y la subcomisionada del NCF.

Menendez Larrauri se convirtió en comisionada interina del NCF ante la ausencia por motivos de salud del doctor Crespo Torres, quien eventualmente renunció el 14 de agosto.

Hasta la fecha, Recursos Humanos no ha recibido los certificados medicos del doctor Crespo Torres, las cartas que concretizan las designaciones de Menendez Larrauri, ni los pagos realizados a los exfuncionarios tras su salida.

El nombramiento de Menendez Larrauri al interinato fue cuestionado nuevamente en la vista y se determinó que Crespo Torres lo efectuó de manera irregular. Según la Ley 20 de 2017, por la que se rige el NCF, la persona al mando de la agencia debe ser Patólogo Forense.

En una vista previa, se descubrió que Menendez Larrauri solo ostentaba un bachillerato en Biología, con experiencia previa en investigación y 11 años en el NCF en otros puestos y no contaba con los requisitos establecidos en el estatuto.

De acuerdo al representante Morales Rodríguez, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Hector Pesquera, no es responsable sino sus subordinados. El informe sobre los hallazgos de la investigación de la Cámara se comenzará a rendir el próximo martes, 4 de agosto.

Con eso en mente, el legislador reiteró que por el simple hecho de haber renunciado, los exfuncionarios no esquivarán un posible referido al Departamento de Justicia si es que se concluye de esa manera en el documento final.