A pesar de que la comisionada residente en Washington, Jennifer González Colón estuvo ausente en la presentación de los resultados de la consulta de estatus que llevó el gobernador Ricardo Rosselló ante el Congreso de los Estados Unidos, la líder del Partido Nuevo Progresista (PNP) asegura estar haciendo su parte en el cabildeo por la estadidad.

Los resultados de la consulta de estatus del pasado domingo 11 de junio, que reflejaron un 97% de electorado en favor de la estadidad en una consulta que fue la de menos participación en la historia de Puerto Rico, fueron entregados ayer, jueves, al Congreso en una ceremonia en la que estuvieron presentes varios congresistas estadounidenses, Rosselló Nevares y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín.

En esta línea, a pesar de no estar presente en la presentación, González Colón aseguró quese reunió ayer mismo con Justin Clark, director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, para mostrarle los resultados del pasado domingo.

De igual modo, la Comisionada Residente dijo haber discutido otros asuntos de desarrollo económico para la isla con el titular de Casa Blanca.

‘El desarrollo económico de la isla es una prioridad. Pude discutir no sólo los proyectos radicados sino otras iniciativas como parte de nuestras reuniones dirigidos a promover el desarrollo económico y la salud de la isla. También, discutimos otras medidas recomendadas por el Task Force congresional en su informe publicado el pasado mes de diciembre, y que hemos radicado para fomentar el bienestar de todos los puertorriqueños. Evidentemente, muchas se harían académicas si Puerto Rico se convierte en un estado, por eso también le entregue los resultados oficiales del plebiscito del domingo’, explicó González Colón en comunicado de prensa.

Como parte de este cabildeo en Washington en favor de la estadidad, figura también la Ley por la Igualdad y Representación Congresional de los Ciudadanos Americanos de Puerto Rico, la cual enviará 7 personas a Washington para solicitar la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos, particular que según un estimado realizado, costará $373,800 al gobierno de Puerto Rico.