Igual paga por igual trabajo, ese es el propósito del Proyecto de la Cámara 9 evaluado el martes, por la Comisión de Asuntos Laborales, que preside el representante Ángel Peña Ramírez.

La medida persigue crear la ‘Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico’, a los fines de establecer una política pública enérgica y vigorosa que erradique el discrimen salarial existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo.

‘Atender con responsabilidad y firmeza los problemas de desigualdad que sufren todavía tantas mujeres puertorriqueñas, redundará en adelantar un ambiente de justicia social y de equidad que mejore la calidad de vida de todas nuestras mujeres y de nuestra sociedad en general’, señala la Exposición de Motivos del proyecto.

En su ponencia, la licenciada Nydza Irizarry Algarín, directora designada de la Oficina de Adiestramiento y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), quien fue representada por los licenciados Marcos Andrade y Karilyn Díaz, recomendó la aprobación de la medida al señalar que ‘a pesar de la existencia de leyes que consignan la igualdad de oportunidades en el empleo, esto no ha sido suficiente para erradicar las prácticas discriminatorias que tanto afectan las oportunidades de empleo de las mujeres’. Irizarry Algarín subrayó que promueve la integración de la mujer en la fuerza laboral, valorando de forma justa su participación.

Mientras, el doctor José Caraballo Cueto, autor del único estudio científico reciente sobre el tema de desigualdad salarial por género en la Isla, catalogó de ‘esfuerzo encomiable’ la medida bajo análisis.

Según el también profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey, el estudio evidenció que las diferencias salariales son mayores entre padres y madres que trabajan, que entre trabajadoras y trabajadores sin hijos. Igual indicó que en las distribuciones salariales altas, hay mayores diferencias salariales.

Entre las recomendaciones de Caraballo Cueto figura el establecimiento de protocolos para la presentación de querellas, investigación de estas y radicación de casos judiciales cuando se entienda que un patrono ha cometido discrimen en la contratación y promoción de sus empleados por razón de género; además, la preparación de un banco de datos que incluya información socio-demográfica del trabajador, así como información de la estructura organizacional del patrono, a tono con muchos de los estudios que se realizan a nivel internacional con relación al estudio de la brecha de género; garantizar licencias por paternidad a los trabajadores; más cuidos gratuitos y transportación pública para que las madres se vean en mejor disposición de adelantar sus estudios y su desempeño laboral; aumentar las sanciones cuando en entrevistas de trabajo se le pregunte a una persona si es madre o padre y reestablecer los beneficios marginales a las personas que trabajen a tiempo parcial.

De otra parte, en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano, presidida por la representante Lourdes Ramos, para facilitar el acceso a militares a la fuerza laboral de Puerto Rico, el procurador del Veterano, Agustín Montañez, expresó que la búsqueda de empleo es una de las principales prioridades para estos ciudadanos, a quienes se les dificulta hacerlo.

A tal efecto, el procurador endosó los Proyectos de la Cámara 62 y 36 que proponen establecer la ‘Ley de Empleo Transitorio para Veteranos’, a los fines de disponer que las agencias gubernamentales, al momento de realizar un nombramiento transitorio, seleccionen un veterano del Registro de Contratación Transitoria de Veteranos, que cumpla con los requisitos necesarios para el empleo; y para aclarar que la preferencia de los veteranos en su nombramiento o concesión de ascenso para cualquier cargo, empleo u oportunidad de trabajo se extiende a todo tipo de oportunidad de trabajo disponible. Mientras que la licenciada Álamo recomendó se consulte el particular con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).