El MVC alega que, según las facturas, el bufete del cabildero redactó la nueva versión del proyecto y la coordinó con constructores. La medida no fue a vistas públicas.
12 de julio de 2019 - Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos, habla con la prensa sobre reunión del Gobernador Ricardo Rosselló con legisladores y alcaldes tras escándalo Telegram.
El bufete MZLS, del cabildero Anthony Maceira, le cobró al Senado más de $63,000 por trabajar en el proyecto sustitutivo de la reforma de permisos, según revelan facturas del propio cuerpo legislativo.
Una de ellas resalta poco más de $36,000 por un solo mes de trabajo dedicado exclusivamente a la medida.
La información, obtenida por los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) mediante una solicitud de información pública, surge un día después de que el Senado aprobara el controvertido sustitutivo, que propone un nuevo Código de Planificación y Permisos para Puerto Rico.
“Los trabajos facturados por el bufete de Maceira, a $175 por hora, en su mayoría son de redacción y análisis legislativo que tradicionalmente realizan empleados de las oficinas legislativas y para los que existe una oficina destacada en El Capitolio (Oficina de Servicios Legislativos) con salarios mucho más razonables. Solo por el mes de junio, el bufete MZLS presentó una factura por $70,787.75 correspondiente a 404.50 horas supuestamente trabajadas en dicho mes y que fue devuelta por sobrefacturación de sobre $5,000”, explicó el portavoz del MVC, Manuel Natal.
Según la portavoz del MVC, Eva Prados, las facturas muestran que el bufete redactó la nueva versión del proyecto en junio. En julio, ya concluida la sesión ordinaria, sostuvo reuniones con la Asociación de Constructores de Hogares, en las que recibió comentarios e integró propuestas sobre los artículos de zonificación, zona marítimo-terrestre, licencias de obras e impuesto municipal sobre la construcción.
“Esta nueva versión del sustitutivo se desarrolló a puertas cerradas y nunca se llevó a vistas públicas ni contó con la participación de la ciudadanía en general”, denunció Prados.
La licenciada contrastó esa apertura hacia los desarrolladores con la negativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a reunirse con ambientalistas, planificadores y expertos en recursos naturales.
Los proyectos originales se discutían desde abril y pasaron por vistas públicas. Sin embargo, la versión aprobada es un texto nuevo, de 886 páginas, que se presentó el miércoles pasado.
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