Múltiples grupos de interés denunciaron ayer que el proyecto de sobre 800 páginas no fue discutido a vistas públicas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Johnny» Méndez se limitó a indicar esta mañana que estudiarán el proyecto sustitutivo sobre reforma de permisos aprobado ayer en el Senado antes de decidir el curso de acción a tomar.

«Vamos a esperar que las medidas aprobadas por el Senado lleguen a la Cámara de Representantes para así comenzar su estudio en detalle, recordando que son proyectos voluminosos, antes de delinear el curso a tomar para su evaluación”, sostuvo Méndez en un comunicado de prensa.

Múltiples grupos de interés denunciaron ayer que el proyecto de sobre 800 páginas no fue discutido a vistas públicas. Dos medidas, una de administración y otra del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, sí pasaron ese crisol, no así la medida que las sustituye.

Defensores ambientales y expertos legales expresaron serios temores de que las modificaciones a las definiciones de las costas y zonas de amortiguamiento pongan en riesgo la protección del litoral puertorriqueño. Organizaciones civiles denunciaron que las nuevas reglas impactan negativamente la preservación de áreas vulnerables como las reguladas por la Ley del Carso.

Se cuestionó la creación de una clasificación para «proyectos de impacto socioeconómico prioritario». Bajo esta figura, el gobernador(a) de turno tendría la facultad de supervisar y otorgar evaluaciones expeditas a ciertas obras, lo que opositores califican como un riesgo peligroso que podría saltarse pasos ambientales y de planificación esenciales.

Se criticó que la estructura propuesta concentra excesivo poder en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Una de las objeciones más controvertidas por parte de comunidades y organizaciones es la disposición que impone barreras económicas (como el requisito de depositar un porcentaje del valor de la propuesta de desarrollo, por ejemplo el 10%) para poder solicitar la paralización de una obra en los tribunales. Esto es visto como una limitación directa al derecho de la ciudadanía a reclamar o impugnar construcciones ilegales o perjudiciales en sus comunidades.

“En la tarde de ayer, el Senado de Puerto Rico evaluó y aprobó el P. de la S, 1173 y el Sustitutivo 1183, medidas que contienen cambios al actual sistema de permisos e incluyen enmiendas sugeridas por las minorías que así aportaron al proceso. Agradezco al Presidente del Senado y los senadores que trabajaron en estas medidas con la convicción de que necesitamos una reforma de permisos. Esperar meses o hasta años por un permiso para realizar mejoras en una casa, o el desarrollo de proyectos de vivienda accesible, o establecer una microempresa, sencillamente no es aceptable”, dijo Méndez en declaraciones escritas.

“Nuestra gente, así como los pequeños y medianos comerciantes no pueden alcanzar su máximo potencial de desarrollo sin una verdadera reforma del sistema de permisos. El que produce capital y desarrollo económico en Puerto Rico es el sector privado, no el gobierno. Han transcurrido 17 años desde la entrada en vigor de la Ley 161-2009 (Reforma Permisos), y a pesar de que se han realizado gestiones para agilizar los trámites, particularmente desde el 2025 con la firma de varias Órdenes Ejecutivas, todavía no se encuentra atemperada a la realidad que vivimos en el Puerto Rico de la tercera década del siglo 21”, finalizó.