«Las desigualdades que enfrenta Puerto Rico tienen raíces en su condición territorial, pero una negociación sobre Medicaid o Medicare no puede convertirse en una discusión sobre estatus político», afirma el Lcdo. Ramón Alejandro Pabón.

El 23 de diciembre de 2022, a las 9:14 de la noche, recibí el mensaje de la oficina de la comisionada residente: ¡lo logramos! $19,400 millones, cinco años, 76% de pareo federal.

Yo estaba en San Juan, pero mi mente estaba en los pasillos del edificio Rayburn, porque aquella batalla se había comenzado a ganar meses antes, en las oficinas del Comité de Energía y Comercio de la Cámara y del Comité de Finanzas del Senado. Fue en ese momento que vimos el gran acierto de la novel estrategia de la entonces comisionada residente Jenniffer González Colón: reunir a los distintos sectores de salud de Puerto Rico y llevar una sola voz a Washington.

Tuve la oportunidad de participar en aquel esfuerzo, y la experiencia me dejó lecciones que hoy resultan especialmente importantes. Son las mismas lecciones que pueden ayudarnos a evitar un precipicio fiscal de miles de millones de dólares en fondos federales de Medicaid a partir del 2028.

Hoy, desde mi trabajo asesorando al Gobierno en asuntos de salud, cuando un hospital, una aseguradora o una organización me dice que cuenta con cabilderos en Washington, mi respuesta es sencilla: perfecto. Ya tenemos parte del trabajo hecho. Ahora tenemos que coordinarlo.

La primera lección que aprendí en nuestra capital federal es cuánto poder tiene el personal de una oficina congresional para influenciar la decisión final de sus miembros. En Puerto Rico muchas veces pensamos que cabildear significa conseguir una reunión con un congresista o senador. En realidad, mucho antes de esa reunión hay asesores legislativos, directores de comité y especialistas que analizan una propuesta, determinan si es viable y deciden si merece llegar al escritorio del congresista.

También está la Oficina de Presupuesto del Congreso, que calcula cuánto cuesta lo que estamos pidiendo. Si el personal que maneja salud en una oficina congresional no entiende nuestra propuesta, no tiene datos para defenderla o no sabe cuánto puede costar, las posibilidades de lograr su apoyo disminuyen considerablemente.

En 2022 esa lección fue fundamental. Antes de las reuniones de alto nivel, el personal congresional ya había recibido información detallada y conocía nuestros argumentos. Informar y convencer al personal primero sigue siendo una regla de oro.

La segunda lección es que, en Washington, el caso de Puerto Rico no se decide únicamente como un asunto de salud. También es un asunto presupuestario.

Hablar de inequidad, pacientes, diabetes, hipertensión o acceso a servicios es indispensable para explicar por qué esta política importa. Pero cuando llega el momento de legislar, Medicaid se convierte también en una cifra dentro de una negociación presupuestaria mucho más amplia. Cada dólar solicitado compite con otras prioridades del Gobierno federal y los estados y tiene que ser defendido ante quienes evalúan su costo y su impacto fiscal.

Por eso son tan importantes los datos de eficiencia e integridad programática.

Puerto Rico tiene que demostrar no solamente que necesita los fondos, sino que ha administrado de manera eficiente y responsable los que le han sido asignados en el pasado. Una tasa de pagos impropios de 2.51% en la medición piloto de PERM de CMS en 2024, frente a un promedio nacional de 5.09%, es precisamente el tipo de dato que fortalece nuestra posición. Lo mismo ocurre cuando demostramos que se han ampliado servicios, aumentado los pagos a médicos y establecido mayores controles para garantizar el uso adecuado de los fondos federales.

El mensaje debe ser claro: Puerto Rico ha hecho su parte.

La tercera lección es que el calendario del Congreso no es simplemente una fecha; es una cultura.

Para una petición como la nuestra existen, en la práctica, dos grandes momentos. El primero ocurre cuando los comités con jurisdicción comienzan a desarrollar y aprobar su legislación. Ahí es donde se intenta insertar el lenguaje que queremos convertir en ley. El segundo llega durante las grandes negociaciones presupuestarias de fin de año, cuando asuntos que no lograron avanzar por sí solos pueden terminar incorporados a una medida mayor.

El acuerdo que finalmente produjo los $19,400 millones aprobados en 2022 comenzó mucho antes de la votación final. Esa experiencia demuestra por qué Puerto Rico no puede aparecer en Washington unas semanas antes de que expire el financiamiento. Cuando llega la crisis, muchas de las decisiones importantes ya se han tomado.

De esas experiencias surge otra regla esencial: una sola voz y un solo documento.

En el esfuerzo de 2022 participaron organizaciones con intereses distintos: Gobierno, hospitales, aseguradoras, médicos, centros de salud comunitaria, farmacias, laboratorios clínicos, organizaciones empresariales y otros componentes del sistema. No todos tenían las mismas prioridades, pero en Washington había que evitar que veinte organizaciones llegaran con veinte peticiones diferentes. El rotundo éxito de esa gestión fue precisamente que la entonces comisionada residente lograra unir a todas esas voces, muchas veces divergentes, bajo un solo mensaje.

La creación del Grupo de Trabajo Multisectorial en febrero de este año mediante la Orden Ejecutiva 2026-006 institucionaliza precisamente esa lección.

Eso tampoco significa llenar una oficina congresional con grandes delegaciones. Las reuniones más efectivas tienen pocos participantes y roles claros: alguien que pueda explicar el impacto sobre los proveedores, alguien que presente los datos de los planes o pacientes y alguien que pueda hablar de operación, cumplimiento y controles fiscales.

Tres voces pueden ser más efectivas que veinte si llevan el mismo mensaje.

También aprendimos a mantener la discusión concentrada en aquello que puede construir una coalición amplia. Las desigualdades que enfrenta Puerto Rico tienen raíces en su condición territorial, pero una negociación sobre Medicaid o Medicare no puede convertirse en una discusión sobre estatus político. En el momento en que eso ocurre, se corre el riesgo de perder apoyos necesarios para aprobar una política de salud.

El argumento que puede unir a republicanos y demócratas es mucho más sencillo: en Puerto Rico viven 3.2 millones de ciudadanos americanos que participan, aunque en muchos casos limitadamente, en programas federales esenciales y merecen un trato justo y sostenible.

Puerto Rico también tiene que aprovechar mejor los recursos que ya existen.

Muchos hospitales, aseguradoras, empresas y organizaciones con operaciones en la isla mantienen relaciones con importantes firmas de asuntos gubernamentales en Washington porque también operan en los estados. Coordinar esos recursos podría multiplicar la presencia de Puerto Rico sin necesariamente aumentar el costo.

Por ende, si una de estas firmas de cabildeo ya tiene una reunión con el personal de un comité relevante al tema de Medicaid por otro asunto de uno de sus clientes, lograr que dedique parte de esa conversación a una prioridad coordinada de Puerto Rico puede tener un enorme valor.

Pero para lograrlo todos tienen que pedir lo mismo.

Por ejemplo, en Medicaid, Puerto Rico necesita financiamiento adecuado y predecible a partir del año fiscal 2028, acompañado por un pareo federal o FMAP que, como mínimo, refleje un trato comparable al de otros territorios y elimine la incertidumbre permanente de las extensiones temporeras.

En Medicare, necesitamos corregir las distorsiones que afectan la metodología de pagos de Medicare Advantage y atender problemas estructurales como el índice salarial hospitalario.

Puede haber diferencias sobre cómo llegar a esos objetivos, pero no podemos permitir que una organización o grupo llegue a Washington pidiendo una cosa mientras otra pide algo distinto. Si nos contradecimos entre nosotros, le hacemos el trabajo más fácil a nuestros opositores.

La otra pieza indispensable son los datos.

Washington no necesita otra presentación llena de generalidades. Necesita información operacional que permita a los asesores legislativos y analistas presupuestarios defender la propuesta.

Los hospitales pueden documentar sus costos de nómina y el efecto del índice salarial. Los planes pueden demostrar cómo las tarifas reducidas de Medicare Advantage afectan los servicios que pueden ofrecer a sus beneficiarios. Los proveedores pueden cuantificar los costos adicionales de operar en una isla. Los centros de salud pueden demostrar cómo el éxodo y la resultante escasez de profesionales de salud en la isla afectan el acceso de los pacientes.

Ese tipo de información convierte una petición política en un caso presupuestario defendible.

Ya hemos visto que una estrategia coordinada puede producir resultados. Para 2027, Puerto Rico recibió un aumento en las tarifas de Medicare Advantage superior al aumento nacional. Ese resultado refuerza la importancia de presentar a Washington un mensaje coherente acompañado de datos sólidos de cumplimiento y desempeño.

En 2022 logramos $19,400 millones porque entendimos tres cosas sobre Washington: la importancia del personal congresional, la importancia de la data y la importancia del calendario. Pero más importante aún, la importancia de tener un mensaje unificado y consistente, transmitido por una sola voz.

Ahora tenemos que aplicar esas mismas lecciones a 2028.

Puerto Rico no necesita veinte estrategias compitiendo entre sí. Necesita que el Gobierno, hospitales, médicos, centros de salud, aseguradoras, empresas y sus representantes en Washington trabajen sobre una misma petición, con los mismos datos y dentro del mismo calendario legislativo.

Ya tenemos relaciones, conocimiento y recursos. Lo que falta es coordinarlos.

En Washington, una sola voz puede pesar más que veinte hablando al mismo tiempo.

¡En la unión está la fuerza!