El abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF), Martin Bienenstock, de Proskauer Rose, decretó los primeros esbozos del Código de Ética que adoptará el ente regulador de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico.

Aplicable a todos los miembros y sus empleados, establecerá la conducta de sus integrantes que deberán tener ‘lealtad a la Junta, divulgar conflictos de interés para que no trabajen en temas relacionados, proveer sus estados financieros, mantener confidencialidad sobre los acuerdos excepto por aquellas cosas publicadas en su página web’.

En su ponencia en la cuarta reunión del ente fiscal, Bienenstock expuso las regulaciones esenciales: los miembros tendrán que abstenerse de intercambiar valores gubernamentales relacionados a entidades o proveer información confidencial a terceros; cumplir de manera imparcial con las negociaciones; darle al pueblo de Puerto Rico, a su Gobierno y a sus acreedores, el mayor respeto y dignidad en las transacciones y relaciones que sostengan; comportarse justamente con todas los contratistas, y no tomar represalias de ninguna manera en contra de aquellos que tengan opiniones distintas a la Junta.

Desde la penúltima reunión de la JCS, en coordinación con sus asesores, se determinó enmendar su reglamento establecido en la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Entre los dictámenes, acordaron publicar los estados financieros que presentaron los miembros al ser seleccionados por el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y actualizarlos periódicamente. La entidad también adoptará los procedimientos para divulgar los contratos que han sellado y, finalmente, la incorporación de un oficial encargado de velar por los conflictos de interés.

El ente, asimismo, podrá tomar decisiones por unanimidad entre las reuniones debido a las pocas asambleas públicas que sostienen, y pueden ser deliberadas a través del correo electrónico. Según el abogado, las deliberaciones constarán específicamente sobre aspectos administrativos, necesarios para que el organismo ‘continúe sus actividades’.

La fecha límite para divulgar los informes se estableció para el 28 de febrero, aunque el Código de Ética, posiblemente, será publicado para la próxima semana. ‘En el momento apropiado y tan pronto como sea posible’, declaró el presidente del ente, José Carrión III.

Un Código que podría ser ‘bien estricto’

Para el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez, especialista en procedimientos de quiebra, la reglamentación federal exige al oficial de Ética que incorporarán. ‘Pero el Código que ellos aprueben, puede ir mucho más allá de la reglamentación federal o de la Oficina de Ética Gubernamental. Ellos pueden regularse bien estrictos o también podrían regularse no como se regulan en otros lugares’, clarificó.

‘Qué legitimidad tiene un oficial de Ética luego de seis meses y de otorgar contratos millonarios?’, preguntó NotiCel al abogado. ‘Es parte de la ineficiencia que tiene la Junta que, hasta estas alturas, no tienen un director ejecutivo en propiedad, el amigo de Carrión entró a cubrir ese juego, y tampoco tienen oficial de cómputos ni oficial de información en el Título 6. O sea, ellos están todavía en pañales. Yo lo vería desde la perspectiva de que no están implantando los requisitos de la ley como debe ser’, explicó.

En los primeros seis meses de la creación del ente fiscal, desembolsaron $3,538,229 millones relacionados, mayormente, a contratos de asesoría legal para enfrentar los litigios federales por el incumplimiento de pagos del Gobierno estatal. La contribución recibida por la administración insular fue de $14 millones para concluir con un fondo positivo de $10,461,771 millones.

Según Emmanuelli Jiménez, el trabajo del oficial consistirá endarle cumplimiento al Código y en señalar deficiencias en el trámite de contratación, pero no podría asesorar a la Junta si procede o no procede las negociaciones por razones éticas. ‘O sea que la Junta podría retomar el ‘issue’ y cancelar el contrato’, explicó.

Molestos con los cuestionamientos sobre sus actuaciones éticas

Ante preguntas de una periodista sobre los posibles conflictos de interés que reveló el informe de Hedge Clippers, donde se calificó como ‘PuertaGiratoria’ el intercambio de posiciones ejecutivas en agencias gubernamentales entre los miembros de la JSF, José Ramón González y Carlos García, el presidente del cuerpo se mostró confundido: ‘Si el tema que estás planteando de Santander es un tema específico del señor García, esa es la explicación?’, preguntó. A lo que la periodista le explicó de qué trataban las investigaciones.

‘Déjame entender, sabes que acabamos de manifestar que vamos a implementar un Código de Ética, y que el mismo va a ser robusto y que la expectativa es que todos los informes relacionados con nuestros bienes personales van a poder constatar y atender cualquier tema de conflictos de interés, ese es el propósito’, expresó Carrión III.

En el informe, titulado ‘Piratas del Caribe’ se relató cómo los expresidentes del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Ramón González y García, fueron también principales oficiales ejecutivos de Santander, estableciendo y fortaleciendo a Santander Securities, la división encargada del negocio de bonos municipales del banco.

‘Y quiero decir que el señor González y el señor García están trabajando en esta Junta desinteresadamente a favor de nuestro pueblo, que ambos son patriotas, que dan de su tiempo. Y bastante comentario he escuchado de esa naturaleza, que me parece insultante e incorrecto, porque cuando la historia de esta Junta se escriba, la contribución de ambos va a salir como una de las cosas más importantes para enderezar las finanzas de Puerto Rico’, sentenció el Presidente.

Aunque García se ausentó en la conferencia de prensa, González se defendió diciendo que los nombramientos pasaron por un proceso de evaluación de posibles conflictos de interés de la pasada administración del Gobierno de EE.UU. y aseguró que fue ‘un proceso extremadamente detallado y arduo’.

Con respecto a la ‘Puerta Giratoria’, González expresó que ‘ese grupo que escribe eso, es extremadamente irresponsable y falto de conocimiento técnico y de hechos en las aseveraciones que hace. En el caso mío fui presidente del Banco Gubernamental de Fomento hace 30 años. No creo que ni siquiera, ningún bono que yo trabajara todavía, esté afuera en el mercado, porque todo ha sido refinanciado, así que no hay absolutamente ninguna relevancia respecto a cuando estuve en el Banco de Fomento’.

‘Me gustaría que pudiéramos dejar de hablar de temas que, en realidad, tienen muy poca relevancia a lo que es la crisis que aborda esta Junta’, pidió González a la prensa. Simultáneamente, se les preguntó cómo garantizaban que el proceso de negociación de Puerto Rico fuera en los mejores términos dado a que va ser en términos de confidencialidad?, pero no contestaron al enfocarse en los alegados conflictos de interés.