Asociaciones y gremios profesionales aprovecharon la convocatoria a someter comentarios sobre el Plan de Ajuste Fiscal sometido el mes pasado por el gobernador Alejandro García Padilla a la Junta de Control Fiscal (JCF) para adelantar sus propósitos, enmarcando sus propuestas como impulsores importantes de desarrollo económico.

Muchas de las organizaciones no se amilanaron a la hora de opinar sobre los asuntos gubernamentales a los que la Junta deberá prestar atención y criticaron en gran medida el Plan de García Padilla. En su lugar, los propuestos planes de acción de las organizaciones promovieron en su mayoría la privatización de las utilidades, el desarrollo económico girando en torno a su actividad preferente y una disminución de las contribuciones a sus respectivos sectores.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Pla Cortés, enfocó sus expresiones en el área de una reforma de salud para promover la sustentabilidad del cuidado médico en la Isla. ‘El movimiento migratorio pasa factura en Puerto Rico y otros estados porque la mayoría de la población que migraes médico indigente. Si Puerto Rico recibiera su participación justa en fondos Medicare y Medicaid, entonces el cuidado médico pudiera ser provisto en Puerto Rico a un costo más razonable. Esto fomentará que los profesionales de la salud se queden en Puerto Rico’, sostuvo.

Pla Cortés avaló la recomendación de consolidación de hospitales públicos contenida en el PAF, aunque señaló que el plan no explica cómo se integrarían el Hospital Regional de Bayamón, UPR Carolina, Hospital Municipal, los hospitales psiquiátricos, los del sistema correccional y el Centro Cardiovascular. Censuró la sugerencia de reducir los centros de prevención 330 que operan con fondos federales. ‘Al contrario, los centros 330 se deben expandir e integrar a nuestro sistema porque representan un modelo de salud primaria básico para el bienestar de la población’, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Manufactureros, Rodrigo Masses, abogó por una reforma contributiva que incluya la gradual eliminación del impuesto a las corporaciones foráneas establecido en la Ley 154 de 2010 mediante la sustitución por otras medidas de recaudo. ‘21% de los ingresos del gobierno no deben ser dependientes de contribuciones pagadas por un puñado de corporaciones’, dijo.

Criticó que como medida de austeridad se estén dilatando el pago de reintegros y a los suplidores gubernamentales. ‘Esta medida tuvo muy probablemente el efecto contrario al que se buscaba. Muchos contribuyentes han ajustado sus retenciones a la luz de su incapacidad de obtener sus reintegros, lo que tiene el efecto de reducir el flujo de efectivo y el ingreso tributable, los suplidores gubernamentales han tenido que incurrir en costos de capital de trabajo para cubrir sus acreencias con el gobierno. Esto aumenta el costo de bienes y servicios vendidos al gobierno y ha llevado a algunos suplidores a la quiebra’, advirtió.

Mientras, la Cámara de Comercio a través de su presidente David Rodríguez Ortiz, impulsa el establecimiento de una entidad público privada cuyo propósito sea crear empleos y atraer inversión de capital. Recomendaron una veintena de proyectos para alianzas público privadas, entre estos, la creación de escuelas imán en cada municipio que permita la reducción en el número de escuelas, una planta de gas para sustituir las unidades de Costa Sur, privatización en el Registro de la Propiedad y cambios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).

La Asociación de Industriales, por su parte, sugirió enfocar esfuerzos en construir más unidades de vivienda para alquiler para así atender las necesidades de una población cada vez más empobrecida. Señalaron que una cuarta parte del costo de una residencia nueva se le atribuye a permisos y contribuciones. Además, comentaron que es imperativo revisar la Ley de Condominios pues hace 13 años no se enmienda. Favorecieron cambios en la reglamentación de protección de la zona marítima terrestre y la eliminación de los permisos requeridos por distintas agencias gubernamentales que tengan jurisdicción sobre asuntos similares.