El senador por el distrito de Ponce, Martín Vargas Morales, radicó una medida que enmienda la ‘Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, a los fines de facultar a dos o más municipios a formar parte de un consorcio o en la alternativa a entrar en un acuerdo para llevar a cabo las funciones inherentes de las unidades administrativas requeridas en la Ley, o cualquiera otra no señalada específicamente, a excepción de la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Presupuesto.

La iniciativa ahorraría recursos y evita la necesidad de consolidar municipios enteros. A la medida, presentada ayer en la sesión senatorial por la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, se sumaron como coautores el senador por el distrito de Guayama. Ángel Rodríguez Otero y el expresidente del cuerpo Antonio J. Fas Alzamora.

Actualmente, la Ley dispone que cada municipio debe tener mandatoriamente las siguientes ocho oficinas como parte de su estructura mínima administrativa: la Oficina del Alcalde, la Secretaría Municipal, la Oficina de Finanzas Municipales, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Oficina de Administración de Recursos Humanos, Auditoría Interna, la Oficina para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y la Oficina de Iniciativa de Base de Fe y Comunitaria.

‘Ante la realidad fiscal reconocida por todos y como presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización del Senado, hago esta propuesta contenida en el Proyecto del Senado 1590, en ánimo de ser más efectivos con los recursos que reciben los municipios.’, señaló el senador.

Vargas explicó que en la ‘Ley de Municipios Autónomos’, la redacción del Artículo 6.001, da la impresión de ser uno que impone mandatoriamente la creación de las referidas oficinas municipales como estructura mínima del municipio y solamente se permite su fusión con otras oficinas dentro del mismo municipio.

‘El propósito principal de esta Ley, es aclarar qué funciones y servicios que tradicionalmente son realizadas y brindados por cada municipio, puede ser compartido entre dos municipios o más, a través de consorcios o acuerdos colaborativos. Con este cambio en el Derecho, se rompe el esquema tradicional de que cada municipio tiene que tener una Oficina de Administración de Recursos Humanos, una Secretaría Municipal o una Oficina de Finanzas’, abundó Vargas Morales.

‘Buscamos cambiar el paradigma que hace que cada municipio tenga una sobrecarga de nómina por funciones que le son impuestas por la Ley de Municipios en diferentes oficinas municipales. De esta manera, los municipios pudieran tener un ahorro significativo en su presupuesto operacional. Esta propuesta que hacemos no sólo da una flexibilidad mayor a municipios con una capacidad menguada de actuar en ciertos temas, sino que permite un ahorro en dicho trámite, que puede ser redirigido a atender la ciudadanía’, argumentó el también exalcalde de Guánica al presentar la medida.

Con relación a las propuestas públicas de modificar o eliminar municipios, Vargas Morales argumentó que ‘lo que proponemos en el Proyecto 1590 resulta económicamente más viable, y se evita herir sensibilidades de identidad de cada pueblo, si las deficiencias que tienen, por las razones que sean (mala administración, impacto de pérdida de medios de producción, cambios demográficos, entre otros) pueden ser subsanadas sin necesidad de llegar a la medida extrema de la eliminación o consolidación de municipios’.