Seis organizaciones que brindan servicios de asistencia legal a personas de bajos recursos económicos en Puerto Rico recibieron hoy, viernes $839,711 en fondos distribuidos por el Departamento de Justicia (DJ), en cumplimiento con la Ley Núm. 144 del 23 de julio de 1974 y la Ley Núm. 8 del 8 de agosto de 1974, las cuales establecen la distribución de los recaudos del pago del arancel -producto del pago de mociones de suspensión en todo caso o trámite judicial- para la contratación de instituciones que presten servicios legales gratuitos.

La Oficina Legal de la Comunidad, Inc., la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Pro Bono, Inc. del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), fueron las organizaciones seleccionadas luego de un proceso de evaluación de las propuestas sometidas.

‘Estamos buscando la forma de aportar para que los ciudadanos de escasos recursos económicos puedan lograr, en igualdad de condiciones, acceso a una representación justa en sus reclamos. Por ello destacamos la asignación de fondos que se hace a estas instituciones en momentos de gran estrechez económica. Es inaceptable que la falta de recursos económicos y desventajas sociales restrinjan a estas personas de la oportunidad de utilizar las herramientas y mecanismos legales que garanticen la protección de sus derechos’, manifestó el secretario de Justicia, César Miranda.

Luego de ser evaluadas las propuestas, Justicia decidió otorgarle $75,000 a la Oficina Legal de la Comunidad, Inc., $20,000 fueron asignados a la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, $98,357 fueron dirigidos a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., $25,000 están destinados a la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, $109,820 recaerán en Pro Bono, Inc. del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y $511,534 serán para la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL).

El acceso a la justicia forma parte de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y está contenido en la Sección 1 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico, reconociendo el derecho al trato igual y digno ante la ley. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el 1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a los tribunales a proteger sus derechos.