La nueva orden ejecutiva con la que el gobernador Alejandro García Padilla declaró en estado de emergencia al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), obliga a esta institución a establecer un límite a la cantidad semanal de retiros, pagos y transferencias, y exige a los depositantes – agencias, municipios y otras entidades gubernamentales- a acompañar cada transacción con harta documentación.

Deberán presentar una certificación emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda en la que se especifiquen los servicios para los que se solicitan los fondos, además de evidenciar que son necesarios para cubrir el pago de servicios esenciales que, según el documento, incluyen nómina, salarios, comisiones, y gastos relacionados con la prestación de servicios de policía, bomberos, médicos, educación y manejo de emergencias, entre otros.

Además, el depositante deberá evidenciar que no tiene disponible una fuente alterna de fondos. Las transacciones se harán en orden de prioridad.

Pero este no es el proceso para todas las agencias, pues hay excepciones que incluyen al Departamento de Hacienda, la Rama Judicial, la Rama Legislativa, la Universidad de Puerto Rico, la Oficina del Contralor, la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Fiscal Especial Independiente y los municipios.

En estos casos tendrán que presentar una certificación emitida por el jefe de dicha entidad o el alcalde del municipio, evidenciando de igual forma que se trata de servicios esenciales y que no cuentan con fuentes alternas de fondos.

Para el economista José Alameda, ‘quizás esperaron demasiado’ para aprobar medidas como esta, pues hace mucho tiempo ‘se estaba apuntando a unos problemas fiscales, se estaba apuntando al problema del BGF’. Dice que esta política administrativa ‘se debió haber hecho hace tiempo’ de modo que ‘ninguna agencia va a coger dinero (para) hacer una fiesta o un rumbón, por decirlo así’.

En declaraciones escritas, García Padilla aseguró que esta medida se tomó ‘en aras de proteger y preservar los servicios esenciales’ y que la orden ejecutiva, que permanecerá en vigor hasta el 30 de junio, ‘establece procedimientos razonables y necesarios para preservar la liquidez del BGF y permitirle continuar sus operaciones en beneficio de la salud, seguridad y bienestar del pueblo.

La medida no establece una moratoria al pago de la deuda del banco ‘con la intención de propiciar negociaciones constructivas entre el BGF’ afirmó AGP. ‘Estamos esperanzados que dichas negociaciones logren acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto Rico’, añadió.

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