En lo que queda del año Justicia tiene que desembolsar $69.7 millones en gastos adicionales del día a día, pero solo podría cerrar el año fiscal de manera balanceada si se libera la reserva que controla la Junta de Supervisión Fiscal.

A pesar de que el presupuesto de la agencia contempla un recorte de $6.2 millones para el próximo año fiscal, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, se expresó tranquila sobre la capacidad de la agencia en cumplir con sus obligaciones.

“Tenemos el presupuesto propuesto de $182.7 millones y podríamos trabajar con ese presupuesto. Optimamente pedimos que se nos deje el vigente que tenemos”, sostuvo Gómez en una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado.

Sin embargo, el solicitado por la agencia era $12.7 millones adicionales. De hecho, en lo que queda del año Justicia tiene que desembolsar $69.7 millones en gastos adicionales del día a día, pero solo podría cerrar el año fiscal de manera balanceada “si se libera la reserva” que controla la Junta de Supervisión Fiscal.

“De otra forma, estaríamos reflejando un déficit de $6.8 millones”, lee la ponencia de la agencia.

El presupuesto vigente es de $186.5 millones e incluso fue ajustado por $2 millones, en la partida del Fondo General, por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en febrero para que el gobierno cumpliera con el pago de ciertas sentencias “y fortalezer partidas operacionales”.

“El Departamento de Justicia se encuentra en conversaciones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto para evaluar ajustes puntuales en partidas esenciales para su funcionamiento, siempre dentro del marco fiscal vigente y en cumplimiento con el Plan Fiscal para Puerto Rico”, sostuvo.

El presupuesto propuesto contempla recortes de $3.5 millones en nómina y $2.5 millones en gastos operacionales. Justicia, de hecho, objeta una reducción en servicios profesionales ya que de ese renglón sale dinero para pagar peritos, traductores, intérpretes de lenguaje de señas y psicólogos.

Entre otras cosas, el equipo fiscal de Justicia consignó en la audiencia que en este año fiscal no se consignaron fondos para pagar el arrendamiento ni de la sede principal del Registro de la Propidad ni sus oficinas regionales ni el contrato de mantenimiento del Sistema Karibe. La necesidad fue atendida por una reasignación de la Junta de Supervisión Fiscal, pero en el presupuesto recomendado no se incluye nuevamente esa necesidad.

Justicia también está solicitando $2.9 millones para continuar haciendo mejoras al Albergue de Testigos, que está cerrado hace una década. “No es una cantidad recurrente, sino una inyección para ponerlo en funciones. Lo hemos estado trabajando y ha mejorado mucho”, afirmó Gómez.

El dinero asignado por FEMA para mejoras ya se agotó y en el presupuesto propuesto sí se identificaron $1.8 millones para el funcionamient día a día del albergue.

Justicia apenas tiene 19 vacantes creadas por ley, entiéndase fiscales, registradores y procuradores y la agencia ha llenado sobre 100 en el último año. No obstante, Gómez sostuvo que necesita dinero adicional para la capacitación de ese nuevo personal, además de inyectarle fondos al Instituto de Capacitación. Igualmente necesita dinero adicional apra reforzar los registros y los sistemas de tecnología.

“Son muchas las áreas que tenemos que atender”, dijo Gómez.

La agencia enfrenta el reto de otras 92 vacantes no creadas por ley y descritas como de “difícil reclutamiento” por los salarios bajos que pagan. Por ejemplo, abogados, que ganan unos $4,000 mensuales y taquígrafos, que ingresan unos $2,300 mensuales.

A preguntas, Gómez aseguró que la carga de casos de los fiscales es manejable, con un promedio de casos activos de 15 por fiscal. Incluso dijo que divisiones como las que manejan la corrupción, el crimen organizado y violencia doméstica operan “cabalmente”.

“Siempre hay espacio para mejorar y no hay nada perfecto”, afirmó.

El balance en cuentas por pagar de Justicia alcanza $63,037, pero $57,696 corresponden al año fiscal que terminó el 30 de junio de 2025. El otro balance es de año fiscales anteriores.

“Estas deudas se originaron principalmente por la recepción tardIa de facturas de suplidores, posterior al término de 60 días establecido en Ia Resolución Conjunta del Presupuesto para el pago contra fondos obligados. El Departamento se encuentra atendiendo esta situación conforme a los procesos administrativos vigentes, en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), a los fines de someter una transacción fiscal de reprogramación ante la Junta de Supervision”, lee la ponencia de Justicia.