Durante el primer día del juicio federal en el caso que la multinacional Walmart lleva en contra del Gobierno de Puerto Rico para declarar inconstitucional la Ley 72, los representantes legales de la empresa intentaron socavar la integridad de sus finanzas argumentando que esta ley constituye una ‘pena de muerte’ para los negocios de la compañía.

Así lo aseguró Neal Manne, abogado de la empresa quien presentó el argumento inicial en la sala del juez José A. Fusté, donde aseguró que Walmart estima que con la nueva ley, tendría que pagar más de cinco millones de dólares en exceso de impuestos para este año fiscal.

‘La Ley 72 conduce a un impuesto doble y el impuesto doble está reconocido por la Corte Suprema como discriminatoria’, aseguró Manne durante su argumento.

‘El único propósito de la ley es la discriminación con el comercio interestatal’, añadió en referencia a la Ley 72, que impone un Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según trascendió, Walmart Puerto Rico es responsable por reembolsar los costos de transporte por mercancía enviada desde los centros de distribución en los Estados Unidos continentales hacia las tiendas en la Isla, que con un incremento en los impuestos significarían grandes pérdidas para la compañía.

El primer testigo de la mañana llamado al estrado fue el gerente de impuestos de Walmart Puerto Rico, Antonio Echevarría Villafañe, cuyo testimonio planteó que la empresa tendría que pagar en el año fiscal que comenzó el primero de febrero de 2016, y que termina el 31 de enero de 2017, un exceso de impuestos que alcanzarían la suma de $5.8 millones, con una tasa contributiva de 114.2% con la nueva ley, asegurando que la deuda con el Gobierno local sería mucho más grande que las ganancias que se espera la compañía registre en ese periodo.

Durante el contrainterrogatorio hecho al testigo por parte de Susan Seabrook, quien representa al Departamento de Hacienda (DH), la abogada trató de minar la credibilidad de la información sometida a Hacienda por Walmart.

Seabrook, confrontó a Echevarría Villafañe y este tuvo que admitir que la corporación tiene atrasos en sus estados financieros ya que aún se encuentran en revisión.

Luego de un receso, la primera testigo de la tarde llamada al estrado por Walmart fue la secretaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, quien fue interrogada por el propio Manne.

Las preguntas del abogado de Walmart estuvieron dirigidas también a sembrar dudas acerca de la credibilidad de los estados financieros presentados por el DH y especuló que el Gobierno creaba ‘trucos’ que alteraron estos estados para dar la impresión de tener mayor liquidez.

‘Eso no es correcto. No son trucos, es contabilidad. La responsabilidad del Estado Libre Asociado no son las mismas que las del BGF’, ripostó Acosta.

El abogado del Estado, José González Castañer, intentó sin éxito evitar que se utilizara el informe de liquidez presentado por Rafael Blanco, comisionado de instituciones financieras.

‘Objeción denegada, y punto’, sostuvo el juez Fusté un tanto molesto.

Acosta señaló a Blanco como el responsable de someter información equivocada en el informe.

‘Eso fue un error del Comisionado (Blanco) porque él nos indicó que le había puesto por equivocación tres ceros menos. Me sorprendió que hubiera tantos errores en el reporte. Estamos trabajando en esto, solo queremos asegurarnos que el reporte final no contenga errores’, indicó Acosta.

En la continuación del juicio mañana se espera que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, sea llamado al estrado a testificar.