En la carrera por aprobar un presupuesto oportuno para el año fiscal próximo, con gastos proporcionales a los ingresos recurrentes del Estado, el concepto de ‘hacer más con menos’ que el gobierno intenta venderle al país es una falacia con consecuencias sociales difíciles de superar.

En ello coinciden economistas y analistas entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), quienes señalan que la única forma en que un gobierno puede expandir y mejorar servicios, a la vez que baja costos, es transformando radicalmente sus procesos e implantando un riguroso sistema de medición de desempeño.

Empero, ese cambio radical que es tan necesario, y los sistemas de medición que se requieren para garantizar su efectividad, no están contemplados en la madeja de medidas legislativas presentadas para lograr el cuadre fiscal del país para el año fiscal que comienza el primero de julio.

‘Lo que está propuesto carece de análisis de racionalidad del funcionamiento de las agencias y los recortes están propuestos en función de criterios mecánicos. Todo está basado en un pensamiento primitivo desde un punto de vista estrictamente administrativo’, afirmó el economista Santos Negrón Díaz, quien comparó el impacto de los recortes a salarios y beneficios económicos propuestos bajo la Ley de Sustentabilidad Fiscal del gobernador Alejandro García Padilla, con los miles de despidos en el servicio público bajo la Ley 7 de la administración de Luis Fortuño.

‘Si ya estaban mermadas las fuerzas por los despidos masivos y ahora le vas a quitar recursos a una plantilla muy debilitada, es ilusorio pensar que vas a poder aumentar la productividad y mantener el mismo nivel de servicio,’, explicó el exdirector del Área de Planificación Económica y Social de la Junta de Planificación.

Las 40 medidas que acompañan el presupuesto para el año fiscal 2014-15, se centran en la suma y resta para lograr la reducción de $1,400 millones en gastos, una consolidación de agencias carente de un rediseño administrativo dirigido a producir eficiencia, y una declaración de emergencia fiscal por los próximos tres años que trastoca derechos contractuales de servidores públicos. Para el abogado y analista político, Noel Colón Martínez, representa la suspensión de derechos civiles parciales por vía de orden ejecutiva.

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