La Asociación de Detallistas de Gasolina (ADG) presentó anoche una demanda en el Tribunal Federal para que se declare inconstitucional la ley que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) les está aplicando para prohibir que ofrezcan dos precios por su producto: uno para los clientes que paguen en efectivo y otro para que usen tarjetas.

Una de las alegaciones es, precisamente, que la ley que les aplica el DACO no prohibe específicamente la práctica de ofrecer un precio distinto a los que paguen en efectivo.

La Ley 152 de 2013 dice que ‘ningún comerciante podrá imponer un cargo adicional o ‘surcharge’ a aquel consumidor que elija utilizar un medio de pago válido en el Estado Libre Asociado, incluyendo una tarjeta de crédito o débito’. En la demanda, los gasolineros argumentan que esto no les prohibe ofrecer un ‘descuento’ a los que paguen en efectivo y que la práctica de ofrecer un descuento a los que paguen en efectivo no está prohibida en ninguno de los estados que tienen en efecto una ley similar a la 152.

Por esta imprecisión, añaden, la Ley 152 debe ser declarada inconstitucional. También, indican que la Ley 152 entra en conflicto con la ley federal Dodd-Frank porque esa ley prohibe que las compañías de tarjetas de crédito impongan condiciones a los detallistas que les prohiban a estos ofrecer descuentos a los clientes que paguen en efectivo.

‘[E]l derecho de un detallista a ofrecer un descuento a los consumidores que paguen en efectivo está reconocido expresamente en la ley federal’, señala la demanda.

Al fondo de la controversia está el entre 1.5% y 2% por transacción que las tarjetas de crédito cobran a los detallistas y que, típicamente, los detallistas pasan al consumidor dentro del precio del artículo como uno de los costos de hacer negocio. El DACO también ha admitido que el uso de la tarjeta permite al Gobierno fiscalizar esa transacción y los impuestos asociados a la misma.

Ley 152 de 2013 – NotiCel_5493

Demanda de Asociación de Detallistas de Gasolina contra DACO – NotiCel_5494