El contralor electoral, Manuel Torres, revocó el miercoles por la noche la orden de cese y desista que emitió contra el anuncio pagado por la Asociación de Víctimas de Impericia Medica (AVIM).

La orden enmendadadetalla que la orden previa queda sin efecto mientras las querellas contra la AVIM son investigadas por el Contralor Auxiliar de Gastos de la Oficina del Contralor Electoral.

A principios de semana, Torres ordenó a varios medios radiales paralizar el anuncio de la AVIM, en el que el grupo le reclamaba al gobernador Luis Fortuño revocar el reglamento del Departamento de Salud que extiende a varios hospitales privados las protecciones contra impericia médica que tienen los hospitales públicos.

Torres entendió que la AVIM violó la Ley 222-2011 porque no aparece inscrita en la Oficina del Contralor ni solicitó permiso a sus miembros para participar de la campaña política.

La investigación del Contralor Auxiliar de Gastos determinará si, en efecto, la AVIM cumplió con las disposiciones de la Ley 222-2011.

La postura de AVIM

Evitando entrar en los criterios que utilizó la Oficina del Contralor Electoral para ordenar un cese y desista en la pauta de los anuncios de la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM), el portavoz de la entidad, Elliot Rivera, explicó que la Oficina lo que busca ‘es evitar que elementos ajenos o independientes a los partidos políticos entren al proceso político sin ningún tipo de regulación’.

Rivera señaló que a raíz de una determinación que hiciera el Tribunal Supremo Federal el año pasado, se le permitió a una asociación independiente hacer gastos para una comunicación electoral, siempre y cuando ésta fuera regulada por el estado.

El portavoz negó que el contralor electoral, Manuel Torres, entre propiamente en el contenido que ventila cada campaña, sino que ‘como a los partidos políticos le aplican unas leyes de gastos e ingresos, a quienes quieran insertarse en ese proceso político deberán aplicarles la misma regulación’.

Ya que AVIM radicó el lunes una demanda en el Distrito de Puerto Rico del Tribunal Federal contra Torres, de quien alegan violó la Constitución de los Estados Unidos al prohibir las pautas mediáticas que denuncian la política del gobernador Luis Fortuño, Rivera se abstuvo de especificar los aspectos por los que AVIM incurre en violaciones a la ley 222 para la fiscalización del financiamiento de campañas en Puerto Rico.

Un dato que sí se desprendió de sus expresiones fue que cualquier grupo o persona que quiera hacer una comunicación electoral debe registrase en la Oficina del Contralor Electoral, mas AVIM no se registró.

Ayer, el Gobernador Luis Fortuño señaló equívocamente que su gobierno no había podido publicar una campaña de violencia doméstica porque la Oficina del Contralor Electoral la tenía detenida, sin embargo, Rivera aclaró que en ese caso quien opera es la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones porque quien intenta pautar es la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que es una entidad gubernamental.

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