Quienes favorecen el ?Sí? en la enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza construyen parte de sus argumentos en la alegada necesidad de proveerle a los jueces estatales la misma discreción que tienen los jueces de la esfera federal cuando evalúan casos de personas que representan un peligro para la comunidad o constituyen un peligro de fuga previo a su comparecencia.

Desde el gobernador Luis Fortuño, hasta el ex juez federal Héctor Laffitte y el actual secretario de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza Colombani, entre otros funcionarios y líderes estadistas, sostienen que la ‘federalización’ de las cortes estatales debe ser vista como un paso hacia adelante en la lucha contra el crimen.

Sin embargo, letrados ligados al sistema de Justicia federal, incluidos los miembros de la Asociación de Abogados de Defensa de Puerto Rico que litigan en el foro federal, no coinciden con esta apreciación y justificación del ‘Sí’ de cara al referéndum a celebrarse mañana domingo.

Entre ellos el ex fiscal federal, Osvaldo Carlo Linares, quien puntualiza que enmendar la Constitución de Puerto Rico en el asunto de la fianza no garantiza que las reglas de procedimiento criminal sean similares en las esferas estatal y federal.

‘Hay dos elementos que la esfera estatal no comparte con la federal. La local, a diferencia de la federal, puede radicar acusación en ausencia. Ya ahí hay una determinación de causa, aún cuando el acusado no esté presente en la corte. En la etapa que sigue, el lenguaje en la esfera estatal no dice que el magistrado que hace acusación vaya a tomar su decisión tomando en consideración el peso de la prueba en contra de la persona’, dijo Carlo en entrevista telefónica con NotiCel.

Carlo fue enfático en aclarar que para denegar el derecho a la fianza a nivel federal, el magistrado debe tener prueba contundente e informada antes de tomar la decisión. Según él, en Puerto Rico no se tiene esa garantía y tampoco la enmienda propuesta para limitar la fianza en cinco modalidades de crimen provee para resolver esa deficiencia dentro de los procesos judiciales de la esfera estatal.

Su planteamiento sobre ese aspecto contrasta con lo expresado por el Secretario de Justicia, quien aseguró en conferencia de prensa celebrada ayer en Fortaleza que lo propuesto en la enmienda constitucional bastará para proveer una herramienta a los jueces estatales mientras éstos deliberan su decisión de limitar fianza a sujetos que podrían representar un ‘peligro para la comunidad’.

‘Los jueces van a tener las guías y cada juez va a tener que aquilatar si cae en esas cinco (modalidades), una vez el fiscal le prueba el caso. Luego nos toca a nosotros (los fiscales), claro está si tenemos la prueba, de probarle al juez que esa persona tiene riesgo de fugarse, de no comparecer al tribunal y no son todas. Se hace a base del récord anterior, de la naturaleza de la falta, cuán peligrosa es, y si la persona es propensa a destruir evidencia’, explicó Somoza.

El titular de Justicia elogió y describió como abarcadora la enmienda constitucional que propone limitar la fianza a acusados de crímenes que se han cometido con premeditación, deliberación o asecho; a acusados de asesinato de un robo en medio del hogar; a acusados de asesinato en medio de una agresión sexual o de un secuestro; a acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego de un vehículo de motor o en un lugar abierto al público; o acusados de asesinar a un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber.

No obstante, y a pesar del optimismo de Somoza y otros funcionarios gubernamentales en torno a la enmienda constitucional, el ex fiscal Carlo asegura que la excepción hecha por las cinco modalidades propuestas no tiene que ver con las reglas de procedimiento que serán utilizadas para juzgar las personas acusadas por estos crímenes.

‘Enmendar la Constitución no va a ser suficiente y el mismo gobernador (Fortuño) hizo una expresión publica de que hay que enmendar las reglas de procedimiento criminal. De manera, que el detalle está en lo desconocido y por eso la gente va a votar este domingo por un cheque en blanco porque decir que se limitará la fianza por ciertos crímenes no nos aclara si los magistrados estatales van a utilizar todo el peso de la evidencia en contra del acusado’, puntualizó Carlo al recalcar que en la esfera federal – a diferencia de la estatal – se niega la fianza a alguien ‘peligroso’ sólo cuando se tiene todo el peso de la evidencia.

Dijo, además, que partiendo de las estadísticas sobre los crímenes más comunes en el país, se pueden crear guías a nivel de la Legislatura para instruir a los jueces a proceder en sus decisiones sobre la fianza para esos casos particulares. Esas estadísticas sobre crímenes más comunes, pueden variar por época, y por ende, la Constitución, no puede prestarse para enmendarse cada vez que la realidad social del país cambia.

‘Las reglas y leyes puedes enmendarlas según las circunstancias, pero la Constitución no se enmienda con situaciones que cambian de un año a otro’, planteó el ex fiscal federal.

Añadió que argumentar que la incidencia criminal está relacionada al asunto de la fianza constituye un argumento débil que no es respaldado por evidencia empírica.

‘Estamos haciendo algo con un asunto (la fianza) que es tan insignificante sobre el crimen y lo han convertido en panacea que a mí realmente me causa sorpresa’, concluyó Carlo Linares.