El alcalde de Guaynabo, Héctor ONeill, recalcó hoy que no tomará acción contra la oficialidad de la policía municipal ni los funcionarios de ese cuerpo involucrados en el fraude electoral en el distrito 6 durante las primarias del 18 de marzo, ya que estos no violentaron el reglamento de la uniformada.

El primer ejecutivo municipal subrayó que solo tomaría alguna iniciativa si el departamento de Justicia decide intervenir y extiende alguna sugerencia.

‘El informe, no señala absolutamente nada dentro de cuestiones administrativas de la policía, porque aquí no hay una violación al reglamento, no hay una violación a las normas dentro de la policía y por lo tanto tengo que esperar entonces que el proceso en Justicia, si es que va a intervenir, que me haga alguna recomendación y recogerla’, sostuvo el alcalde refiriéndose al documento que recoge los hallazgos del comité ad hoc que investigó el referido fraude.

ONeill dijo además que extendió un contrato al exsuperintendente de la policía Pedro Toledo, para que realizara una pesquisa sobre todo lo ocurrido en el proceso primarista.

‘Estamos trabajando. Contratamos a Pedro Toledo. Quiero hacer un análisis de todo lo que pasó internamente, no solamente la cuestión de la policía, si no cosas internas de la policía y mejorar la cuestión de los servicios y tomar la acción que sea correspondiente’, indicó.

Por otra parte, informó que se están realizando gestiones con un bufete de abogados, para que se haga una revisión de los reglamentos de la policía municipal guaynabeña.

Finalmente, el alcalde señaló que luego de que el informe del comité ad hoc fue referido al departamento de Justicia, no ha sido citado por dicha agencia.

ONeill fue señalado como presunto autor intelectual de un esquema de transferencias fatulas de funcionarios municipales, especialmente miembros de la policía del ayuntamiento, para que pudieran votar en el distrito 6 y así favorecer a Antonio Soto, candidato favorecido por el alcalde, sobre su contendor, Ángel Pérez.

Tras múltiples denuncias y una candente polémica, la Comisión Estatal de Elecciones decidió nombrar un comité que se encargara de hacer una investigación, cuyos hallazgos fueron plasmados en un informe, el cual fue referido al Departamento de Justicia.

Según establece el informe en cuestión, de acuerdo a la prueba desfilada y a los testimonios de los funcionarios citados, no se pudo vincular al alcalde con el fraude.