El pleito de clase Rosa Lydia Vélez en contra del Departamento de Educación por los servicios a niños de educación especial, cumple el lunes 31 años de haberse radicado y el incumplimiento por parte de la agencia continúa, lo que la Comisión de Derechos Civiles (CDC) ha catalogado como una de las violaciones más serias a los derechos constitucionales.

Los miembros del Observatorio de Educación Especial de la CDC, recordaron recientes acontecimientos relacionados con el caso, en particular, las acciones presentadas ante el Tribunal de Apelaciones por el Departamento de Educación, que incluye la solicitud para no pagar las multas por incumplimiento. También llamaron la atención sobre la renuncia de la monitora nombrada por el Tribunal para este caso, lo que según ellos provoca una dilación en los reclamos.

De acuerdo con los hallazgos contenidos en el Informe sobre discrimen en el acceso a la educación de menores con condiciones especiales de aprendizaje del 2006, y la información obtenida de la trayectoria del pleito, la agrupación reconoció el reclamo justo, legítimo y apremiante de padres y madres del caso Rosa Lydia Vélez a recibir compensación por los daños y pejuicios sufridos como consecuencia de la falta de servicios de educación especial por varias décadas.

Por otro parte, exhortaron a los secretarios de Educación, Edward Moreno, y al de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, así como al gobernador Luis Fortuño Burset a acatar los dictámenes de la Corte, incluyendo cumplir con el pago de las multas y con todas las estipulaciones.

Además, reiteraron su planteamiento de que la impunidad constituye una violación a los derechos humanos y que el gobierno de Puerto Rico no debe alegar obstáculos administrativos y fiscales para justificar violaciones reiteradas al derecho a la educación del estudiantado con necesidades especiales.

También instaron a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y otras instrumentalidades públicas a identificar los mecanismos y recursos de reparación que compensen a los miembros de la clase y a sus familias y sienten las bases de manera final y firme para atender las necesidades de las familias del alumnado con necesidades especiales de educación.