El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró hoy que el reciente informe del Departamento de Justicia federal que denuncia abusos sistemáticos en la Policía de Puerto Rico se refieren a casos concretos, no institucionales, y aprovechó para echarle los veinte al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

En un comunicado de prensa del Senado se indica que ‘recientemente se anunció un Informe emitido por el Departamento de Justicia Federal, señalando una serie de eventos en los cuales miembros de la Policía de Puerto Rico violentaron derechos civiles’.

Según el presidente senatorial, ‘las violaciones a derechos civiles constituyen una conducta inadmisible y existen los mecanismos en nuestro ordenamiento legal para procesar a quienes cometan esos delitos’.

‘Los señalamientos incluidos en el Informe de Violaciones de Derechos Civiles que emitió el Departamento de Justicia Federal, no pueden ser adjudicados como un señalamiento institucional a nuestra Policía. La inmensa mayoría de los hombres y mujeres que integran la Policía de Puerto Rico son servidores públicos honestos, decentes y profundamente comprometidos con el bienestar de nuestro Pueblo’, añadió.

Por otra parte, Rivera Schatz aseguró que la investigación que culminó en la presentación del Informe sobre violaciones a derechos civiles comenzó bajo la gobernación de Acevedo Vilá ‘y así se lo comunicó el Departamento de Justicia Federal al entonces Superintendente de la Policía, Pedro Toledo, el 1 de julio del 2008’.

El Presidente del Senado recordó que durante la Administración de Aníbal Acevedo Vilá fue arrestada ‘gran parte de la División de Drogas de la Comandancia de Mayagüez, a los cuales también se les acusó de fabricarles casos a ciudadanos inocentes’, e insistió en que ‘esta situación no se originó bajo el gobierno de Luís Fortuño’.

El legislador insistió en que las violaciones a derechos civiles son inadmisibles vengan de donde vengan, pero que ‘una acción legal en contra de la Policía de Puerto Rico por parte del Departamento de Justicia Federal no tendrá el efecto de beneficiar al Pueblo; por el contrario, pudiera afectar la moral de nuestra Uniformada en momentos en que todos los esfuerzos deben estar centrados en combatir el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado’.

Destacó los méritos de los policías que arriesgan cada día sus vidas en las calles del país y que por ello considera ‘injusto y peligroso para Puerto Rico, la campaña que se ha desatado para desacreditar a nuestra Policía, en acciones concertadas y promovidas por el liderato del Partido Popular. En ese sentido, quienes hoy ataquen a nuestra Policía, estarán facilitándoles el trabajo a los narcotraficantes y los delincuentes que atentan contra nuestro Pueblo’.

Finalmente, señaló que ‘resulta irónico que sea una Dependencia del Gobierno Federal quien hoy señale violaciones de derechos civiles en el territorio de Puerto Rico, mientras ese propio Gobierno Federal no le reconoce la plenitud de sus derechos a más de cuatro millones de puertorriqueños como ciudadanos de los Estados Unidos de América.

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