A pesar de los eventos publicitarios del mes pasado en los que la Administración Fortuño representó que las preocupaciones de funcionarios federales por el uso de fondos se habían aquietado, la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación federal volvió a advertir del alto riesgo de fraude que existe hoy en el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico.

La alerta fue publicada hoy y está dirigida a Philip Maestri, el director del Servicio de Manejo de Riesgo de Educación federal. Los inspectores enfatizaron que todo el sistema de contratos del DE ‘es un sistema de alto riesgo para la contratación de servicios’ y recomendó que al DE se le impongan restricciones de uso para todos los fondos que reciben de Educación federal y para las asignaciones que reciban por la Ley de Recuperación y Reinversión (ARRA por sus siglas en inglés).

Específicamente, le piden a Educación federal que le prohiba a Puerto Rico usar fondos ARRA para pagar contratos de servicios profesionales en el DE por el alto nivel de potencial de fraude que tiene ese sistema, en el cual ya una auditoría de enero de este año identificó falta de procesos uniformes, falta de fiscalización y ausencia de registros confiables.

Entre enero de 2006 y diciembre de 2008, el DE pagó $161.2 millones a través del mecanismo de contratos que ahora se resalta como deficiente.

Mientras los inspectores recordaron a Educación federal que ya ocho personas se tuvieron que declarar culpables en un caso criminal por fraude mediante los contratos en el DE, los funcionarios de Educación federal se limitaron a contestarle que habían pasado al DE las preocupaciones de los inspectores y que estarían vigilantes a los cambios que se supone realicen los funcionarios locales.

Lea el memo de alerta aquí.

Lea la auditoría federal sobre los contratos aquí.