La estridencia de los epítetos ‘pillo’, ‘ladrón’ y ‘corrupto’ que pronunció contra el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, a quien le pidió su renuncia al cargo en más de una ocasión, desaparecieron de su vocabulario ahora que es su amigo y pupilo Héctor Martínez, quien resultó convicto por cargos federales de conspiración y soborno.

‘Aníbal es un pillo, un ladrón y un corrupto… es un pillo, todo el mundo lo sabe’, dijo Rivera Schatz en abril de 2008.

Hoy defiende a brazo partido a Martínez, quien no sólo resultó convicto de conspiración y soborno, sino que además tuvo a su lado como empleado al fenecido y presunto narcotraficante José ‘Coquito’ López, con quien visitó varias cárceles del país como ex presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

El trato especial dado a Martínez por parte de Rivera Schatz contrasta con la forma en que la presidenta cameral, Jenniffer González, ha enfrentado los escándalos que han afectado a tres ex representantes, dos de los cuales eran del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A González no le tembló la mano cuando inició el proceso de expulsión contra el ex representante Iván Rodríguez Traverzo, luego promovió la renuncia del portavoz de la mayoría Rolando Crespo, quien resultó positivo a cocaína. González favoreció, además, el inicio de un proceso de expulsión contra el ex representante popular Luis Farinacci, que finalmente no se materializó ante la súbita renuncia del ex legislador, quien encara un juicio por violencia doméstica.

González no quiso comparar sus ejecutorias con las de Rivera Shcatz.

‘Lamento el proceso que vive la familia del senador Héctor Martínez, sus compañeros, sus amistades y él mismo. Las determinaciones que puedan hacer en el Senado, son estrictamente de ese cuerpo’, se limitó a decir González por escrito a NotiCel.

La convicción de Martínez ha puesto nuevamente al relieve las diferencias de poder entre el líder senatorial y el gobernador Luis Fortuño, quien exigió la renuncia del convicto legislador.

‘Yo no recibo órdenes del Gobernador’, dijo Rivera Schatz a varios medios de comunicación, mientras el mandatario ripostó que este asunto no se trata de quién manda, sino de quién hace ‘lo que es correcto’.

La Constitución establece en su Artículo III, Sección 9, que una convicción por soborno es motivo de residenciamiento de un legislador, pero no obliga al cuerpo a expulsarlo para lo que se requieren tres cuartas partes de los votos.

Empero, bajo la protección de Rivera Schatz, Martínez se mantiene aferrado a su escaño en el alto cuerpo alegando que es inocente y esperanzado en que el Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones de Boston falle a su favor.

En su página de la red social My Space, el senador Martìnez se proyecta como un servidor público de reputación intachable.

‘Ligado desde pequeño al compromiso de lealtad en el servicio público, comenzó su trayectoria profesional, trabajando en la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Su profesionalismo, integridad y empeño de superación le llevó a desempeñarse posteriormente como Ayudante Especial en la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Energía del Senado de Puerto Rico. Debido a su imparcialidad y excelente desempeño en la Asamblea Legislativa, en 1996 el entonces gobernador Pedro Rosselló lo nombra como Miembro Asociado de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Ya para el año 2000, se convierte en Vicepresidente de ese organismo cuasi judicial’, lee su biografía en esa página.

Martínez, además, era vicepresidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra cuando en el 2000 _ bajo el gobierno de Pedro Rosselló _ se produjo el polémico indulto a la convicta actriz Lydia Echevarría, autora intelectual del asesinato del productor de televisión, Luis Vigoreaux.

Además de la protección de Rivera Scatz, Martínez parece que tendrá igual suerte en el Departamento de Justicia local. Ello, luego que el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, dejara entrever ayer que su agencia no se inclina a procesar criminalmente en la esfera estatal al convicto senador novoprogresista, toda vez que presuntamente el delito de soborno se configuró en Las Vegas, Nevada, y no en Puerto Rico.

‘Estamos evaluando, pero no podemos perder de perspectiva que en el tribunal federal quienes juzgaron fueron los pares y los pares fueron personas puertorriqueñas, independiente que haya sido en el foro federal. Es sumamente importante que no volvamos al pasado con lo que puede ser la concurrencia, procedimientos idénticamente habiendo convicción en lo federal, pasando todo el proceso en lo estatal para que cumplan de manera concurrente’, dijo Somoza en conferencia de prensa el martes.

No quiso contestar directamente si renuncia a la radicación de cargos en la esfera local, aunque en su contestación pareció aceptarlo. ‘No vamos a hacer nuevamente lo que ya hizo el tribunal federal que hubo convicción con respecto a un caso’, dijo Somoza.