Actualmente curso estudios de maestría en Derecho (LLM) en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Opte por emprender estudios graduados porque una de mis mayores metas profesionales es la docencia. La Decana de la Escuela de Derecho de la UPR, Lcda. Vivian Neptune, me explicó varias veces que necesitaba el LLM para poder aspirar a un puesto docente en la Escuela de Derecho. Escogí un programa especializado en litigio porque entiendo que es un área en la cual la Escuela de Derecho necesita personal docente especializado.

Me gradué del Juris Doctor en 2010 Magna Cum Laude y quinta mejor nota en una clase de sobre 120 estudiantes. Cursé mis estudios de noche mientras trabajaba en Servicios Legales de Puerto Rico. No tenía el dinero para dedicarme exclusivamente a estudiar por tres años. Fui seleccionado por la UPR y por el Colegio de Abogados como estudiante destacado en Derecho Criminal. Luego de graduarme, ejercí como oficial jurídico del Juez Presidente Federico Hernández Denton; posteriormente fui defensor público en la ciudad de Brooklyn; trabajé como asesor legal del presidente del Senado, Eduardo Bhatia; y actualmente soy defensor público federal.

A pesar de mi experiencia y cualificaciones, no recibí notificación alguna sobre las Becas Presidenciales que ayudan económicamente a estudiantes en sus cursos graduados, con miras a la docencia en la UPR. Quiero pensar que, de haber sido puesto sobre aviso, hubiera cualificado para recibir una de estas becas o, como mínimo, competir en buena lid para ellas.

Mantengo estrecha amistad con decenas de profesores de diferentes facultades de la UPR, estudiantes de Derecho y otro personal de la institución. Asimismo, me mantengo informado de todo el acontecer en el País, siempre pendiente a oportunidades profesionales y educativas. Con ello quiero decir que no fue un desliz, o una desconexión con el mundo que me rodea, lo que provocó que no me enterara de la disponibilidad de estas becas. La razón fue, en cambio, una pobre diseminación de las becas con fondos públicos y una ‘convocatoria’ de apenas 18 días al parecer diseñada para beneficiar a personas con profundas conexiones al hermético mundo de la UPR.

La consecuencia directa de no saber sobre la ‘convocatoria’ para las Becas Presidenciales ha sido que, probablemente a diferencia de los abogados que fueron premiados con ellas, he tenido que sacar préstamos y recibir ayuda financiera de mi familia para costear mis estudios. Debo aquí destacar la ayuda recibida por parte del Colegio de Abogados de Puerto Rico, que tiene una beca sufragada por su Fondo de Fianza Notarial. La beca, aunque módica comparada con las astronómicas cifras desembolsadas con fondos públicos para los licenciados Arturo Ríos ($25 mil) y Carlos Pagán ($40 mil), ha ayudado por años a un sinnúmero de personas que buscan suplementar sus estudios de Juris Doctor y contribuir al desarrollo de la profesión legal.

Con estas líneas lo que quiero ilustrar es que la manera en que se llevó a cabo este proceso tiene consecuencias reales y concretas sobre miles de estudiantes a quienes no se les trató como iguales en lo que debe ser una competencia equitativa. En mi caso particular, por mi edad, mi profesión y mis experiencias, tengo una relativa estabilidad económica y un apoyo familiar que, con sacrificio, me permitió continuar adelante con mis planes de estudios. Pero muchos otros estudiantes excluidos de este proceso no tienen esos beneficios. Es a ellos a quienes se les deben explicaciones específicas y detalladas. No hace faltan demasiadas auditorías o estudios para saber que esto se hizo mal. Como dijo Bob Dylan, no hace falta un meteorólogo para saber de dónde sopla el viento.

*El autor ha sido colaborador de NotiCel.com.