Rechazan que incumplieran su acuerdo de culpabilidad porque el mismo admite que la sentencia pueda ser cárcel de por lo menos entre seis y 12 meses.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico rechazó haber incumplido el acuerdo de culpabilidad que suscribió con la exgobernadora Wanda Vázquez Garced y reiteró que su recomendación de 12 meses de cárcel está tanto dentro de los límites del acuerdo como dentro del cálculo de entre seis a 12 meses que hicieron tanto ellos como la Oficina de Probatoria.

La moción de la fiscalía el martes fue en respuesta a la reclamación que hizo la defensa de la exgobernadora la semana pasada para que la solicitud de sentencia del gobierno fuera retirada del récord. Esto porque supuestamente la fiscalía no puede basarla en hechos relativos al caso grave de soborno que inicialmente enfrentaban tanto ella como el banquero italovenezolano Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini.

El trío tiene cita el 29 de enero ante la jueza federal Silvia Carreño Coll para ser sentenciados por el delito menos grave de tramitar un donativo de campaña que resulta ilegal por venir de un extranjero no nacionalizado, Herrera Velutini. Este fue el acuerdo que consiguieron los abogados con el Departamento de Justicia en Washington DC para disponer de la acusación original de soborno que enfrentaban. Alrededor de esa negociación ocurrieron dos donativos de la hija de Herrera Velutini al súper PAC asociado al presidente Donald Trump, MAGA Inc., por $3.5 millones, según The New York Times.

“La acusada sigue desplegando un desprecio temerario por la verdad. Para empeorar, no cree que son serias las violaciones de financiamiento de campaña que corrompen el proceso electoral y causan daño intangible al pueblo de Puerto Rico”, indicó el fiscal Seth Erbe.

“Los Estados Unidos han pedido una sentencia que está específicamente permitida bajo los términos expresos del acuerdo de culpabilidad… Es Vázquez Garced la que ha culpado a otros, tergiversado el derecho, no ha aceptado responsabilidad y procura ser sentenciada sin que el tribunal tome en cuenta los hechos de este caso o el quién, qué, dónde, por qué, cuándo y cómo de esta violación al financiamiento de campaña”, añadió.

Vázquez Garced dijo a través de sus abogados que el delito por el que se declaró culpable no tiene que ver con un donativo recibido, sino «prometido», de parte de Herrera Velutini, que ninguna de las alegaciones del caso de soborno se deben tomar en cuenta para la sentencia y que es una falla menos grave que se debe atender con una pena no carcelaria.

Pero la moción de la fiscalía subraya que el lenguaje explícito del acuerdo, el cual sus abogados “negociaron cuidadosamente”, es que la exgobernadora “aceptó el donativo prometido”. Aunque la exgobernadora se distanció de los $620,000 que la fiscalía atribuye a gastos de campaña para su beneficio, la moción de Erbe puntualiza que Vázquez Garced se reunió en La Fortaleza con Dane Waters, la persona a quien Herrera Velutini contrató para que administrara un súper PAC a favor de su campañana primarista y hablaron sobre “cosas que ella podía hacer para posicionar mejor su campaña”.

Los argumentos de Vázquez Garced podrían considerarse una falta de aceptación de responsabilidad, lo cual es una determinación formal que Carreño Coll podría hacer para justificar una pena de cárcel. Sobre el caso grave de soborno, la moción recuerda que sigue vivo, que solo lo desestimarían después de la sentencia en el caso menos grave y que están listos para retomarlo.

Al argumento de los defensores de que un soborno y un donativo ilegal de campaña son conductas que se excluyen mutuamente, la fiscalía ripostó que eso no tiene base legal y que si el donativo lo hizo un extranjero no naturalizado a cambio de una actuación oficial, el dinero es las dos cosas, un soborno y un donativo ilegal de campaña.

De otra parte, Rossini también objetó que los oficiales probatorios tomaran en cuenta alegaciones relacionadas al caso de soborno. Uno de los elementos que resaltó es que se tomaran en cuenta declaraciones en la investigación del testigo cooperador, e inversionista residente en la isla, Fahad Ghaffar.

«Hay evidencia sustancial de que Ghaffar jugó un rol central en provocar estos eventos y puede haberlo hecho para agenciarse favores con el gobierno. El gobierno nunca ha confirmado ese estatus, y a la defensa nunca se le ha dado acceso completo a la información para ponerlo a prueba. Sin embargo, el informe presentencia descansa en alegaciones que involucran a Ghaffar como si fueran hechos confiables, a la vez que se quedan sin atender estos asuntos de credibilidad», se argumenta en la moción del exagente.

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