Conoce cómo se lo permite la Constitución de EEUU

Antes de la crisis venezolana que ahora se disputa entre el presidente Nicolás Maduro y Juan Guiadó, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ya había iniciado una serie de sanciones a Venezuela que, entre otras cosas, abrieron la puerta para que hoy, miercoles, el Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI, por sus siglas en ingles) allanara un banco en Guaynabo.

Desde la entrada de Trump a la Casa Blanca, este ha sido enfático en su diferencias con el gobierno de Maduro por lo que el 25 de agosto de 2017, a solo meses de iniciar su termino como presidente, Trump remitió las primeras sanciones a Venezuela que luego le fueron contestadas. Primeramente, firmó una orden ejecutiva por la que prohibió las ‘negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal’.

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De igual modo, su orden establecía una negativa a cualquiera negociación con ‘bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela’.

El poder del Presidente estadounidense para dar mandatos de este tipo está cobijado por el Artículo II de la Constitución de Estados Unidos, incluyendo la potestad para regir tratados.

Pese a que Venezuela contestó las sanciones de Estados Unidos anunciando días más tarde que dejaría de firmar contratos públicos en dólares y obligará a las empresas que quieran hacer negocios a migrar a una ‘canasta de monedas’ entre las que se cuentan el yuan, el rublo, la rupia y el euro; el freno de Trump parece haber tenido consecuencias que salpicaron hasta Puerto Rico.

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Desde tempranas horas de la mañana de hoy, agentes del FBI diligencian un allanamiento en el Bank of San Juan International bajo alegaciones de posibles transacciones con una petrolera venezolana, cuyos negocios fueron prohibidos en la orden emitida por Trump.

El director del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff, Leff dijo que se trata de hechos realizados por individuos y personas con conexiones al Gobierno de Venezuela. Abundó que, ‘movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo’.

Agregó que actualmente Estados Unidos lucha contra el lavado de dinero, y, ‘Puerto Rico y las Islas Vírgenes son los campos de batalla’ a la vez que subrayó que hay ‘otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos’.

‘Nuestros compañeros de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) encontraron la evidencia, que un juez creyó era suficiente para una orden de allanamiento. Creemos que hay fondos relacionados a esas sanciones que están relacionadas a fondos y ganancias’, agregó Leff.

No obstante, el banco remitió declaraciones alegando que están tranquilos, pues no han violado ninguna de las estipulaciones de Trump en la orden ejecutiva. En esa línea, alentaron al FBI a revisar todos los documentos que retiraron de su sede. ‘Le podemos asegurar que una vez el FBI revise toda la documentación… toda esta lamentable situación será aclarada’, sostienen en una comunicación escrita.

Mientras, el comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, manifestó en declaraciones escritas que, ‘Debido a que se trata de una investigación en curso, al momento no se pueden emitir más declaraciones sobre este proceso. No obstante, en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras permanecemos en comunicación con las autoridades federales para continuar colaborando en todo lo pertinente a esta investigación y muchos otros asuntos’.