Una de las medidas busca proteger de discrimen a personas que han sufrido cáncer.

El representante penepé Jorge «Georgie» Navarro, uno de 16 miembros de la Cámara de Representantes que participaron la semana pasada de la Feria Internacional de Turismo, ha radicados dos medidas que él dice son inspiradas en su viaje a Madrid, España.

Navarro enfatizó que la edición 2026 reforzó su componente de conocimiento con foros especializados y tecnología, lo que permitió a la delegación puertorriqueña acceder a mejores prácticas competitivas. «Mientras el Ejecutivo, a través de la ‘Estación PR’, se enfocaba en atraer inversión europea y mejorar la conectividad aérea, mi rol legislativo fue identificar cómo esas sociedades avanzadas protegen a sus ciudadanos, para armonizar nuestro ordenamiento jurídico con esas tendencias globales», dijo Navarro en declaraciones escritas.

Uno de los proyectos crea la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario en Puerto Rico. La propuesta obliga a todo agente de la cadena alimentaria a diseñar un plan para minimizar el desperdicio de alimentos.

Se define agente de la cadena alimentaria como toda persona natural o jurídica que opere supermercados, restaurantes, comedores institucionales, empresas de distribución o manufactura de alimentos en Puerto Rico.

En el caso de alimentos de consumo humano, se deberá gestionar la donación a banco de alimentos o entidades benéficas. Si no pueden ser donados, se destinarán a la transformación en otros productos. La tercera opción es que sea utilizado para consumo animal o compostaje.

Se prohíbe, indica el proyecto, desechar o eliminar alimentos que sean aptos para el consumo humano o que puedan ser aprovechados.

“El incumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, incluyendo la falta de un Plan de Prevención o el descarte injustificado de alimentos, conllevará la imposición de multas administrativas por el Departamento de Salud. La reincidencia o el descarte de grandes volúmenes de alimentos aptos para consumo humano serán considerados faltas graves y conllevará la multa de hasta $500.00”, lee la medida.

Navarro indica en la Exposición de Motivos que países como España han penalizado el desperdicio en la cadena comercial.

El otro proyecto, también basado en el estado de derecho en España, busca crear la Ley del Derecho al Olvido Oncológico de Puerto Rico, que prohibiría a cualquier compañía de seguros, bancos, cooperativas, entidad hipotecaria o institución financiera solicitar información oncológica o requerir declaraciones de salud relacionadas al cáncer o denegar servicios a cualquier persona que haya finalizado un tratamiento oncológica hace tres años o más y no haber sufrido una recaída en ese periodo.

Esta prohibición aplicaría a la solicitud, contratación y renovación de seguros de vida y decesos; seguros vinculados a préstamos hipotecarios o de consumo y tarjetas de crédito o líneas de crédito personal.

La medida obliga a la eliminación de cláusulas que discrimen contra personas que hayan tenido cáncer o establezcan sobreprimas o recargos basados en un historial oncológico superado.

Violar la propuesta ley significaría multas administrativas no menores de $5,000 ni mayores de $10,000 por cada incidente de violación debidamente probado.