Con una pena carcelaria de tres años.

El representante Jorge Navarro Suárez presentó la «Ley de Protección Parental contra el Tráfico de Abortos de Menores». Esta medida tiene como objetivo tipificar como delito grave la conducta de reclutar, albergar o transportar a una menor embarazada con el propósito de procurar un aborto sin el consentimiento de los padres o tutores legales.

La legislación surge como respuesta a la práctica conocida como «abortion trafficking» (tráfico de abortos) identificada, según Navarro, en jurisdicciones de Estados Unidos como Idaho. Esta práctica consiste en que adultos, que no son los padres o tutores, facilitan el transporte o reclutan a menores para obtener abortos con la intención específica de ocultar el procedimiento a los padres.

«El Estado tiene un interés apremiante en proteger a los menores de edad y salvaguardar los derechos fundamentales de los padres en la crianza y cuidado médico de sus hijos», expresa la medida en su exposición de motivos. Asimismo, destaca que la patria potestad conlleva el derecho de los padres a estar informados y consentir sobre procedimientos médicos significativos.

El proyecto de ley establece una pena de reclusión por un término fijo de tres años para cualquier persona mayor de 18 años (que no sea el padre, madre o tutor) que incurra en esta conducta con la intención de ocultar el procedimiento o evadir el consentimiento parental. La medida incluye defensas afirmativas para situaciones donde el aborto sea necesario para salvar la vida de la menor ante una emergencia médica certificada, o cuando exista una orden judicial válida que autorice el procedimiento.

«Esta conducta no solo socava la autoridad parental, sino que pone en riesgo la salud y seguridad de la menor al aislarla de su red de apoyo familiar primario», señala el texto legislativo. «Permitir que terceros intervengan de esta manera priva a los padres de su derecho a aconsejar, apoyar y proteger a sus hijas en momentos vulnerables»