El Proyecto del Senado 752 consignó 49 votos a favor.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó a viva voz el Proyecto del Senado 752, una iniciativa limitar la asignación de escoltas a los funcionarios y exfuncionarios públicos. 

La medida, impulsada por el senador Juan Oscar Morales, modifica el Artículo 16 de la Ley Núm. 83-2025, “Ley de la Policía de Puerto Rico”, estableciendo que los exgobernadores perderán automáticamente el derecho a escolta al finalizar su mandato, salvo que exista una amenaza real y específica, certificada por el Superintendente de la Policía. En esos casos, se podrán autorizar escoltas temporales, limitadas y sometidas a revisión periódica.

Además, la ley contempla que cualquier exgobernador o exfuncionario condenado por delitos graves o menos graves perderá de manera inmediata el derecho a protección, independientemente del foro judicial que dictó la sentencia. La propuesta recibió respaldo de legisladores de todas las delegaciones, quienes coincidieron en la necesidad de regular el uso de recursos policiales.

Durante la jornada legislativa, representantes de las distintas delegaciones se manifestaron a favor de la derogación del derecho al uso de escoltas para funcionarios, exfuncionarios y exgobernadores de Puerto Rico.

Domingo Torres García, del Partido Popular Democrático (PPD), lamentó el tiempo dedicado al tema, argumentando que la situación podría haberse resuelto directamente por el jefe de la policía y que de haber existido la voluntad de la exgobernadora Wanda Vázquez de entregar su escolta habría evitado el debate legislativo.  

Asimismo, la también representante popular Lillibeth Rosa Vargas apoyó la medida, citando la falta de recursos de seguridad en los municipios, en contraste con la exgobernadora Vázquez, quien aún dispone de escoltas.

 “Votaré a favor de que estos recursos que tiene esta señora sean disponibles para todo Puerto Rico y que Mayagüez, como otros pueblos, no tengan que cerrar sus comercios por falta de policías”.

Por su parte, la representante de minoría por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, defendió que el servicio de escoltas sea discrecional y temporal proponiendo inicialmente un límite de tres meses y revisable. Burgos mostró preocupación por la posible indefinición de “temporal”, que podría convertir el servicio en algo permanente y subrayó que la protección debe responder a una necesidad real y verificable, no privilegios de imagen.

Otro de los que participó en la discusión fue el representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, quien señaló que una de las enmiendas sugeridas para el proyecto consta en eliminar el artículo que permitía a los candidatos solicitar escoltas durante campañas políticas. 

Sin embargo, expresó que “la legislación podía haber sido más contundente” y propuso limitar el uso de escoltas a la gobernadora, el superintendente de la Policía, la secretaria de Justicia y el secretario de Corrección. Rodríguez Aguiló agradeció la aceptación de la enmienda que restringe inmediatamente la escolta y reiteró su llamado al Superintendente de la Policía actuar con prudencia y criterio ante futuras otorgaciones al derecho de seguridad y protección.

Antes de bajar a la votación, el proyecto fue devuelto a la Comisión de Seguridad Pública para revisión. Tras la aprobación del proyecto enmendado, tendrá que volver al senado para la consideración de las enmiendas introducidas.

La aprobación de este proyecto supone un marco legal más estricto para el uso de escoltas en Puerto Rico, buscando garantizar que este servicio responda únicamente a situaciones de riesgo real y no se convierta en un privilegio permanente para exfuncionarios.

El Proyecto del Senado 752 (P. del S. 752) consignó 49 votos a favor.